En la aplicación de la ley de justicia y paz se individualiza la pena del comandante del frente “José Pablo Díaz” Edgar Ignacio Fierro Flores alias “Tijeras” y un patrullero de otro de los frentes del Bloque Norte de las AUC.

En los antecedentes fácticos se reconoce que las AUC consolidaron una estructura macrocriminal que atacó deliberadamente a la población civil y la convirtió en víctima de crímenes sexuales y otras graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Los accesos carnales son considerados un crimen de doble connotación (crimen de guerra y de lesa humanidad), implementados y concebidos como mecanismo idóneo para la humillación, sometimiento y dominio de la población civil, al facilitar la expansión y fortalecimiento del grupo ilegal armado. Se condena al hombre por los accesos carnales violentos a título de autor material por la violación de la niña y coautor impropio por la otra. La Sala establece una serie de medidas de reparación para las víctimas de los hechos perpetrados por los tres paramilitares. Entre las de rehabilitación se ordena que las víctimas deben ser examinadas y atendidas por las afectaciones que los hechos causaron, específicamente a las víctimas de violencia sexual de las cuales establece se debe presumir el daño psicológico. Entre las de satisfacción ordena la documentación de los crímenes sexuales. Entre las de garantía de no repetición ordena a la fiscalía para la creación de una política integral de atención a mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, que abarque la atención efectiva de los casos de violencia de género.