En sus fundamentos la jueza señala que el Protocolo 1252/12 del Ministerio de Salud, incurre en un exceso reglamentario que entra en contradicción "con el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal, dentro de los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , las normas nacionales e internacionales aplicables al caso.

Asimismo, remite a los lineamientos fijados en la sentencia Rachid María de la Cruz y Otros contra GCBA s/ amparo y, por tanto, no se requerirá la acreditación de la declaración de insanía, no se debe acreditar tampoco la inminencia de la gravedad del riesgo para la salud o la vida de la mujer encinta. Finalmente el GCBA deberá en un plazo máximo de 10 días arbitrar los medios necesarios para brindar un sistema de apoyo y salvaguarda que cumpla con lo dispuesto en la setnencia. 

El Superior Tribunal sostiene que: "El planteo es inadmisible en tanto el recurrente no logra evidenciar que la subsunción legal conforme fueran determinados los hechos adolezca de error jurídico alguno. Muestra una interpretación particular e interesada del ámbito de aplicación del Estatuto respectivo en función de lo que debe entenderse por "vida doméstica" que, en definitiva apunta a extremos expresamente descartados por el Juzgador para considerar al Noviciado como el ámbito familiar al que aquél alude. Se hizo hincapié en que no es un hogar en el sentido de núcleo cotidiano o espacio íntimo donde se descansa o radica el grupo familiar, pues la convivencia que allí se da no tiene un fin en sí misma sino otro objetivo, cual es la formación de los jóvenes para ser sacerdotes. La comparación con el hogar que efectúa el impugnante en cuanto a los consejos y reglas que allí se despliegan no es suficiente para modificar la conclusión arribada pues no hacen sino confirmar que no se trata de la casa familiar en el sentido propuesto por la norma."

En sus fundamentos el magistrado Gabriel Vitale remite a lo expuesto por la la Asociación Civil Pensamiento Penal en su Amicus Curiae: "el niño/a previo a la CDN es considerado un incapaz que, como tal, es un objeto de protección o de tutela, sin voz y sujeto a la disposición -altamente discrecional- de los jueces... (su) vulnerabilidad, no obstante, no configura un elemento de sujeción del niño/a a las decisiones de los adultos. Sino, por el contrario, una mayor protección a sus reales necesidades. Esto, en la práctica, implica una mayor responsabilidad del Estado en el goce efectivo de los derechos y/o garantías del niño y un plus de protección respecto a la que se otorgaría a un adulto en las mismas condiciones..." 

Asimismo recuerda lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño así como también el artículo 27, inc.C) de la ley 26.061 en cuanto dispone "que el niño sea "asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya." En consonancia con lo establecido en el decreto reglamentario 415/2006: "…El derecho a la asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar…" (art. 27 del Decreto reglamentario 415/2006).

"Ahora bien, la precedente conclusión del a quo sólo ha contemplado un solo aspecto de la cuestión, como es la ausencia de impedimento para obtener un empleo derivada de la depresión reactiva que padece la actora, pero dicho estado de salud debe complementarse con tros elementos que surgen de autos, máxime cuando la normativa aplicable otorga el derecho a quien “no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos” que, como se verá seguidamente, es la situación de R.. Así, a la carencia de recursos se añade un hecho que no fue suficientemente valorado en la sentencia apelada, como fue la dedicación de la actora a atender las necesidades del hogar, o sea, el rol que cumplió en la pareja. En un matrimonio de 26 años de duración contraído por dos jóvenes de 18 y 19 años de edad (cfr. partida de fs. 6 y sentencia de fs. 27/28 del Exp. Nro. 49.209 citado precedentemente) en cuyo seno nacieron dos hijas que hoy son profesionales, en el cual el demandado siempre se encargó de generar los ingresos familiares, no puede dejarse a R. librada a su suerte luego de que resignara su desarrollo personal en aras del progreso del conjunto. Máxime cuando ha planteado y acreditado un estado de verdadera carencia en los estrados judiciales."

"Para llegar a saber si en el caso de autos la actora ha sido víctima de un acoso laboral, se debe en primer lugar tener conceptualizado al llamado "acoso laboral o mobbing" para llegar a concluir si hubo o no violencia laboral en el caso de autos.

En líneas generales podemos decir que el "mobbing" consiste en una agresión psicológica con una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño o malestar psicológico, su destrucción psicológica y/o su egreso de la organización empresarial. Se trata de un proceso destructivo sutil que tiende a desacreditar o dañar al trabajador; es un atentado a la dignidad, a la salud física y psicológica del trabajador."

El Tribunal, en particular el voto de la jueza Bertola, no niega el hecho de las violaciones en el marco de una relación violenta, sino que sostiene: "De allí que a una pregunta de los integrantes del Tribunal no pudiera definir el momento exacto en el que a la violencia verbal y física se le sumó la violencia sexual y ello porque todo estaba mezclado, porque en su interior convivía el amor pero también el rechazo por ese hombre que la sometía, que la agredía de palabra y que le decía que mantener relaciones sexuales no era un acto de amor sino de obligación conyugal, donde solamente primaba el deseo de él y donde en estado de alcoholización quedaban aún más en evidencia los instintos violentos del encartado."

Asimismo, el Tribunal se toma del hecho de que varios testigos y la propia víctima hayan remarcado el "contexto cultural" de los varones de nacionalidad paraguaya, según el cual tienden a ser dominantes en sus relaciones de pareja, como forma de justificar su accionar. La figura aplicada para ello fue el error de prohibición indirecto. De este modo, sostiene: ". Las exigencias efectuadas a BGA habrían sido realizadas con el claro convencimiento de que tenía el derecho de hacerlo. En ningún momento se representó en forma efectiva el disvalor de su comportamiento y del resultado que ocasionaba. Efectivamente conocía que el abuso sexual con acceso carnal en sí es un delito, mas lo creía inaplicable cuando se tratara de su esposa, puesto que ella debía corresponderlo."

"(...) el Tribunal interpretó que la infertilidad es una enfermedad que consiste en una limitación funcional y quienes la padecen, para enfrentar las barreras que los discriminan, deben considerarse protegidos por los derechos de las personas con discapacidad, los cuales incluyen el acceso a las técnicas del mas alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva; y que ello supone además, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para hacer uso de las decisiones reproductivas." 

"De tal manera el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho a la tecnología médica necesaria para ejercerlo; y por ende la falta de salvaguardas legales puede constituir un menoscabo grave del derecho a la autonomía y a la libertad reproductiva."

"Si bien la prohibición de la FIV puede afectar tanto a hombres como a mujeres, produciendo impactos desproporcionados diferenciados por la existencia de estereotipos y prejuicios en la sociedad; dado que el empleo de las tecnologías de reproducción asistida se relaciona especialmente con el cuerpo de las mujeres, tiene un impacto negativo desproporcionado sobre ellas." 

“ (…) la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con expresa invocación de los derechos a la vida, salud, libertad, auto-determinación, dignidad individual, integridad física y mental, identidad, autonomía, procreación, maternidad y paternidad, y protección de la familia. (…) ha insistido en la responsabilidad de los Estados de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos esenciales; y en que la salud constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (caso “Artavia Murillo y otros -fecundación in vitro- vs. Costa Rica”, sentencia del 28.11.2012).”

"nuestro Máximo Tribunal estableció que la inaplicación de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito doméstico puede desvirtuar el sistema internacional de derechos humanos, y que, por tanto, debe atenderse al deber general de “respetar los derechos y libertades” contenido en el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo alcance ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como comprensivo del deber de “garantizar” su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción."

"la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva (sin restricciones desproporcionadas de iure o de facto) y el acceso a los servicios de salud reproductiva; (…) se extiende al derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones, derivando del mismo el derecho de acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva; siendo el Estado el responsable de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de estos derechos. (…) teniendo en cuenta la definición desarrollada por la Organización Mundial de la Salud consideró a la infertilidad como una limitación funcional reconocida como enfermedad y por ello, las personas que padecieran la misma debían considerarse protegidas por los derechos de la personas con discapacidad (artículo 25 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad), y dicha condición, demanda una atención especial y el no sufrir discriminaciones indirectas relacionadas con su situación económica."

"Pero voy a insistir aquí en señalar que ni la supuesta infidelidad ni la conducta moral de la víctima es motivo de juzgamiento en este proceso. Creo que el que nos ocupa es uno de los típicos casos que enmarca perfectamente en la tan mentada violencia de género. Y digo esto, porque no son menos los casos en los que en medio de un proceso judicial se conoce de infidelidades del hombre hacia la mujer, donde ésta no sólo aparece la mayor de las veces traicionada en la pareja sino que además es objeto de maltrato psicológico y físico por su pareja, pese a mostrarse dedicada a él y a sus hijos. Sin embargo, a nadie se le ocurre pensar que por esa circunstancia ésa mujer quede habilitada a quitarle la vida. Es que es innegable que culturalmente en la sociedad que vivimos ésa situación aparece como tácita y pacíficamente aceptada por la propia mujer y el entorno social. Y precisamente por ése alto contenido machista que impregna el sentimiento social, es que creo que el aquí enjuiciado Aldo Omar Cánepa no pudo soportar la infidelidad y el abandono por parte su mujer. Es indudable, a mi juicio, que eso lo torno agresivo y ante la impotencia y no aceptación de la situación que atravesaba obró delictuosamente al matarla. Por eso después de su acometimiento fatal contra la víctima afirmó que si no era de él, no sería de nadie y que de él,  ni de su familia nadie se burlaba."