En fecha 20 de abril de 1996, Magaly Coca Terán denunció ante la Policía que su hija menor de 12 años, había sido violada por su padre biológico, quien como consecuencia quedó en estado de gravidez. Dentro la vida conyugal que llevaron procrearon a tres hijos, quienes luego del divorcio de sus padres, quedaron en poder del progenitor, por su mayor solvencia económica y porque laa madre luego del divorcio emigró a los EE.UU. A tiempo del divorcio dichos menores tenían las edades de 13, 10 y 8 años, respectivamente. Sin embargo, aprovechando su autoridad paterna, con intimidación y amenazas, violó a sus dos pequeñas hijas repetidamente, a cuya consecuencia ambas quedaron embarazadas varias veces, embarazos que fueron interrumpidos por el autor con la ayuda de una obstetra. Los tres menores en sus declaraciones, declaran sobre la violación cometida reiteradamente por el procesado en contra de sus dos hijas menores, aunque posteriormente la hija mayor, se retracta de sus declaraciones iniciales. El imputado, fue detenido por la Policía dentro el consultorio de la obstetra en circunstancias en que pretendía una vez más interrumpir el embarazo de la adolescente, delito agravado si se toma en cuenta que además las indicadas adolescentes estaban bajo su custodia por orden judicial, y que éste actuó abusando de su condición de padre. Por lo expuesto el Juez 3° de Partido en lo Penal de la Capital, dictó la sentencia apelada declarando al imputado autor del delito de violación agravada, tipificado por los arts. 308-II y 310-II del Cód. Pen. y le impuso la pena de veinte años de presidio, con costas a favor del Estado y la parte civil, así como a la reparación de daños y perjuicios--, cabe destacar que una de las consideraciones que el Juez manifesta es --El acusado carecía de antecedentes penales y que una privación de libertad sobrecargada antes de constituir una sanción racional se convierte en abuso extremado del poder punitivo del Estado...". En grado de apelación, el tribunal CONFIRMA la sentencia pero modifica la condena de 20 a 18 años, utilizando como único argumento que cuando se dicta la sentencia, pese a que se evidencia la carencia de antecedentes penales del procesado, este argumento no se refleja en la sentencia dictada, por lo tanto se entiende que se le castiga "con una privación de libertad sobrecargada" por lo que para corregir dicha incongruencia el Tribunal de Apelación ratifica la sentencia y disminuye 2 años la privación de libertad a la que se condena al procesado. Además, del presente caso, cuyas violaciones se reiteraron por más de siete anos en contra de las adolescentes, se puede advertir el grado de complicidad de una ginecóloga que se aprestaba a someter nuevamente a una de sus hijas a un aborto (hecho que quedó en la impunidad), cuyos informes medico forenses, psicológico forenses, asignan una alta credibilidad al testimonio de las víctimas, etc. De igual manera, se puede evidenciar que tanto los sistemas de control judiciales y sociales fallan cuando por ej.: este tipo de casos (guarda ejercida por uno de los progenitores) carecen de seguimiento por parte de las Defensorías de la niñez, o cuando se evidencia que las unidades educativas no están preparadas para un abordaje y detección de casos de esta naturaleza.

El presente caso, permite visibilizar la situación de víctimas de violencia sexual que quedan embarazadas y que recurren a la vía judicial para solicitar autorización de práctica de aborto terapéutico. Como se podrá observar en este caso el Juez 2° de Partido del Menor, por Resolución de 10 de julio de l999, falla rechazando la autorización presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para practicar un aborto terapéutico a una menor de 11 años por su parte, además la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, por auto de vista de 10 de septiembre de l999, confirma el auto apelado, con la modificación de que autoriza las visitas en forma periódica de la madre de la menor, en el centro médico donde se encuentre. Esta Resolución es recurrida de casación aduciendo como infringidos los arts. 11, 13, 117, 236 del Código del Menor; 31 de la Constitución Política del Estado y 90 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, el Ministro funda su resolución en la disposición del art. 299 del Código de Procedimiento Penal, que dice: -habrá lugar al recurso de nulidad o casación en dos únicos casos: a) contra los autos de vista dictados por los tribunales de segunda instancia que confirmen, revoquen o anulen las sentencias de primera instancia. b) contra las resoluciones que en consulta concedan o nieguen la suspensión condicional de la pena o el beneficio de libertad condicional- . En consecuencia, como el auto recurrido no se encuentra comprendido en ninguno de los casos anteriormente indicados, no se abre la competencia del Supremo Tribunal para conocer el recurso; por lo que se concluye dando aplicación al art. 307-1) del Cód. Pdto. P. El trámite de este caso nos permite afirmar, que hacerlo peor- imposible!!, en medio de vacíos en la ley procedimental, errores en la tramitación, el resultado final es una maternidad no deseada en una niña de 11 años. Cuyo procedimiento debería garantizar por ante todo la celeridad. Asimismo, permite visibilizar la ambigüedad que provoca la ausencia de procedimiento del Art.266 del Código Penal (aborto impune) porque: - La Defensoría de la Ninez y Adolescencia no podía patrocinar su tramitación, porque tiene un mandato legal de defensa de los derechos de los niños desde su concepción. - Tampoco debiera habérselo presentado para que lo resuelva el Juzgado del Menor, pues tiene el mismo mandato que la DNA, por lo tanto ante el hecho de tomar una desición y elegir entre el derecho de la madre a no soportar un embarazo producto del delito de violación, o el proteger el derecho a la vida del niño en gestación es obvio que asumirá la segunda opción, no sólo por mandato legal, sino por la doble moral con que se manejan estos casos. Finalmente, es pertinente mencionar que este caso representa a un sin número de casos con las mismas características que permite visibilizar los la confrontación entre valores de la legalidad y la justicia con relación a la conciencia de los operadores del sistema judicial y médico pues muchos de ellos lejos de cumplir la normativa legal, hacen prevalecer sus creencias religioso-conservadoras.