En los fundamentos se hace un recorrido de las diferentes vulneraciones que recibió por parte del Estado la actora por ser una mujer trans, frente a lo cual el tribunal señala de todas formas que: 

"incurriría en una cínica miopía si pretendiese exponer la situación planteada por la Sra. G. como un drama jurídico que sólo a ella concierne, porque lo que ha quedado expuesto por el tenor de los hechos ventilados, por la prueba de testigos producida y demás elementos incorporados, es que la actora forma parte de un grupo que ha sido sistemática y cruelmente discriminado."

"Numerosas conductas, por comisión u omisión, afectan la dignidad de las personas trans y profundizan la desigualdad. Tales actos de discriminación al presentarse como una situación estructural y continua, colocan a esas personas en una situación de nuda vida pues el despojo de derechos y proyectos existenciales es casi total. También debo hacer notar que la sanción de la Ley de Identidad de Género constituye un punto de inflexión y el principio de una mejora de las condiciones señaladas, aunque todavía falta mucho por recorrer para neutralizar prácticas sociales degradantes. Resulta necesario una actividad estatal que con vehemencia interdicte las conductas discriminatorias."

Luego de analizar los informes presentados por ONGs el tribunal responde la defensa del Gobierno de la Ciudad con la siguiente pregunta:

"¿Tiene la actora, con sus más de sesenta años y siendo trans, la carga de probar que su autoestima, confianza y deseos fueron cercenados por omisión del Estado? 

Ni los niños tienen que probar que se hallan indefensos, ni los pobres que tienen necesidades, ni las mujeres que padecen violencia doméstica deben probar que corren peligro, para dar algunos ejemplos. Invertir los términos probatorios provoca una victimización secundaria de los vulnerables. Tampoco deben probar su condición de vulnerabilidad las personas trans."

Previamente, en esta misma causa el Juzgado Nº 2 había ordenado modificar dicha Resolución de forma que se establezca que el sistema de apoyos es un derecho de la mujer y no una obligación que pueda imponerse contra su voluntad, así como también que dicho sistema debe estar integrado por personas con las cuales la mujer tenga una relación de confianza previa y con su acuerdo. 

A partir de esto, con fecha 16 de septiembre de 2014, el gobierno de la ciudad dictó una nueva resolución, pero sin derogar la anterior. La Resolución n° 1312-MSGC-2014 que expresa:

“Ratificase por la presente que el sistema de apoyo previsto por la Resolución N° 1860/13-MSGC es un derecho de la mujer (…) tiene por finalidad asistir a la mujer con discapacidad en la toma de sus propias decisiones (…) y puede ser desempeñada por familiares, amigos, asistentes personales o cualquier otra persona de confianza de la mujer discapacitada. (artículo 1). También dispone que en caso de no existir personas de confianza, el Director del efector correspondiente, deberá designar una persona idónea para prestar el apoyo requerido, tomando especialmente en cuenta la opinión de la mujer con discapacidad (artículo 2)  

Ambas resoluciones, con disposiciones contradictorias, generan una reglamentación que abona al clima de confusión que existe en relación al acceso a abortos legales, y en particular para el acceso a de la práctica para mujeres con discapacidad. Así, mientras una se refiere a la conformación de un “Equipo interdisciplinario de apoyo”, conformado por profesionales elegidos por la dirección del hospital, la otra indica que el sistema de apoyo “tiene por finalidad asistir a la mujer con discapacidad en la toma de sus propias decisiones (…) y puede [el resaltado es propio] ser desempeñada por familiares, amigos, asistentes personales o cualquier otra persona de confianza de la mujer discapacitada.”

A este planteo responde la nueva resolución del juzgado advirtiendo que del análisis de las dos resoluciones dictadas por el departamento de salud del Ejecutivo porteño “le asiste razón a la actora cuando sostiene que las mismas, lejos de complementarse resultan palmariamente contradictorias y se inscriben en el marco de paradigmas diferentes y aún contrapuestos.” De este modo,  “la obligación de la demandada de crear un sistema de apoyo que dé primacía a la voluntad y las preferencias de la mujer con discapacidad y que asegure el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, en la manda cautelar y en el decisorio de fecha 11 de junio de 2014, no ha sido debidamente cumplimentado por el GCBA” Como consecuencia de ello, intima al GCBA a que en un plazo de 15 días de cabal cumplimiento a lo ordenado por el juzgado.

El Juzgado hace  referencia a la nueva identidad de género de la adoptante adquirida bajo el amparo de la Ley de Identidad de Género, N° 26.743.  Al respecto, destaca que M.B.O “puede vivir de acuerdo a la categoría género de conformidad a su vivencia interna e individual, lo que de ningún modo entiendo resulta perturbador para los niños, sino que, por el contrario, reconocerán en la adoptante los atributos que se corresponden con el género por ella vivenciado.”. En dicho sentido, destaca que es la madre de  los niños y que en tanto les brinda a los niños amor, protección y seguridad, velando por su bienestar.

El pronunciamiento de Primera Instancia rechaza totalmente la demanda al considerar no acreditado el requisito temporal exigido por el Art. 1° del Estatuto del Servicio Doméstico, el que exigía una jornada mínima de cuatro horas diarias y cuatro días a la semana. La alzada confirma lo resuelto.

El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a la demanda considerando que la mentada exigencia “fue arduamente criticada por calificada doctrina con fundamento en que la mayor o menor extensión de la prestación en el tiempo, nunca ha sido determinante para definir la existencia o inexistencia de una relación laboral, que solo puede realizarse a partir de la subordinación jurídica, técnica y económica o, en palabras de Ackerman, la dependencia laboral”. Consideró que “los servicios domésticos así prestados tienen naturaleza laboral porque participan de todas las notas tipificantes de una relación de trabajo dependiente. Por consiguiente, ese o esa trabajadora es sujeto del Derecho del Trabajo y como tal alcanzado por la tutela del Art. 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto impone proteger al trabajo "... en sus diversas formas...". Del mismo modo, “el encuadramiento del caso debe hacerse a la luz de lo que fija el art. 11 de la LCT, no porque dicho plexo normativo resulte aplicable, sino porque en el mismo se plasma un principio general de interpretación y aplicación de la ley que debe regir todos los casos en los que hay prestaciones de carácter laboral, más allá de que dichas relaciones se encuentren comprendidas por la ley”

Digna de mención es la valoración que realiza el Tribunal respecto de la sanción del nuevo Estatuto para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844) considerándolo un “hito en la reconstrucción del principio protectorio, al cubrirse, en ésta oportunidad, a uno de los segmentos más desprotegidos durante décadas. Vino a saldar una deuda histórica de la sociedad con este grupo laboral integrado en su mayoría por mujeres trabajadoras”. En ese orden, hace mención al Convenio Número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, el que considera que “el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos”. Considera que, aunque dichos plexos normativos no pueden ser aplicados retroactivamente al caso en cuestión, ello no obsta a tenerlos presentes como pautas de interpretación.

Más allá de la dudosa constitucionalidad de la norma que, sólo por citar alguno, viola el principio de igualdad ante la ley, el fundamento de la mayor penalidad, debemos buscarlo en la condición del sujeto pasivo y en las circunstancias especiales de su comisión: violencia ejercida en un contexto de género. De ahí que el asesinato de cualquier mujer, en cualquier circunstancia, no implica siempre y en todo caso femicidio, sino sólo aquella muerte provocada en un ámbito situacional específico, que es aquél en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón, basada en una situación desigual de poder…” (Ver Buompadre obra cit.). Reitero que estas circunstancias no se han acreditado a lo largo del debate. Voto de la jueza Yungano. 

Al ser un elemento normativo, debe acreditarse que la muerte de la mujer se haya dado en un marco o contexto de género, el que está caracterizado por una situación de subordinación o sometimiento de la mujer al varón (...) En el caso concreto, de los elementos de prueba, surgió que hubieron actos de violencia – entendiendo por ellos no sólo la física contra Melo, sino también llamados reiterados por teléfono, hostigamiento a su lugar de trabajo, por ejemplo, sobre lo que no corresponde explayarse ya que nada dijo la defensa al respecto. A diferencia de ello, no encuentro – en este caso- y más allá de un discurso retórico, la acreditación de los extremos que permitan sostener que Guijuza consideraba inferiores a las mujeres, requisito que entiendo necesario para que se verifique el supuesto del inciso 11 del Art. 80 del C. Voto de la jueza Llerena.

Todo ello, entiendo, torna innecesario que además deba incluirse como agravante, la violencia de género, ya que, en definitiva, Giujusa mató a una mujer con la cual había tenido una historia en común, vivencias y experiencias, y no a una anónima mujer con la que hubiese tenido una relación fugaz o menos aún; en otras palabras, Giujusa no mató a Melo por ser una mujer, sino porque era su mujer (no debiéndose reputar aquí el su como indicativo de posesión); no fue el género mujer lo que determinó su accionar sino que mató a su pareja Soledad Melo, que no era cualquier mujer sino alguien con quien se había interrelacionado durante unos siete años. Voto del juez Fernández.

La Corte consideró satisfechos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión. En tal sentido, sostuvo que “la caracterización jurídica de "orden" resulta comprensiva de todo "mandamiento judicial" correctamente dirigido a persona determinada (esto es, individualizada) y debidamente anoticiado o notificado al interesado.” Por lo que confirmó la sentencia  por la que se condenó a Luis Roberto Reye a la pena de 15 días de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de desobediencia judicial (art. 2. 239, 40 y 41 del C.P.).

La defensa basa sus argumentos en que ese mismo día Reina fue abusada por Limber, lo que habría influido en los testimonios del menor, los que además habrían sido influenciados por adultos en algún momento. También hubo incomprensión idiomática durante el procedimiento, ya que el castellano no sería la lengua materna y no habría total dominio de esta (su lengua materna es el quechua). Sin embargo, la defensa no argumenta la existencia de una situación de violencia previa hacia la imputada.

El tribunal rechaza estos argumentos señalando que, a partir de las pericias, se ve que el menor cuenta con una estabilidad emocional tal que no presenta fabulación en sus declaraciones, y no habría incomprensión idiomática tanto por el menor como por Reyna.

En la sentencia hay ciertos elementos discutibles, señalados por la jueza Butierrez en cuanto a las circunstancias del hecho. No se logra acreditar con convicción si Limber estaba durmiendo o los hechos se desencadenaron a partir de una discusión, y si el robo fue el móvil del homicidio o no. Además, en el desarrollo de la sentencia se verifica, mediante un informe antropológico, que Reyna, quien había llegado desde Bolivia hace menos de un año, estaba en situación de vulnerabilidad, lo que habría facilitado que Limber ejerciera una situación de violencia contra ella que quedaba impune por el analfabetismo y el nivel de aislamiento al que estaba sometida. Incluso, ella no solo habría sido víctima de violencia por parte de Limber, sino también por la Familia de Limber y conocidos de este. A pesar de esto, el informe y los hechos descritos no son vinculados con el ilícito propiamente, y el Tribunal tampoco los considera a la hora de calificar el hecho. 

El Tribunal decide revocar el auto de sobreseimiento dictado en favor de J. M. S. y ordenar la continuación de la investigación. No se realizó una efectiva investigación, y la jueza incurre en groseros errores como, por ejemplo, no tomar declaración a la víctima antes de su fallecimiento, ya que estos hechos ocurren sin la presencia de otros testigos. En este sentido, el tribunal señala que “Encontrándose además en el caso en investigación un hecho que puede ser calificado como Femicidio, es aplicable la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem Do Pará-, aprobada por la Ley 24.632 y en consecuencia los jueces deben cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino, en particular la contenida en el art. 7 inciso b): “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”,”. En sus palabras, es imperativo investigar hasta las últimas consecuencias, en la búsqueda del esclarecimiento total de aquellos hechos de violencia contra la mujer y en su caso sancionar a sus responsables.

Por lo anterior el Tribunal revoca la sentencia, separa a la jueza del procedimiento y ordena realizar un severo llamado de atención.

La Cámara señala que el dictamen del agente fiscal resulta, en principio, vinculante; y en el caso concreto, frente a la oposición del fiscal, corresponde analizar si cumple con los requisitos de logicidad y fundamentación para que sea vinculante para la jurisdicción. Es en este examen donde la Cámara Federal de Casación Penal señala que el Estado Argentino, a la luz de Belém do Pará, ha asumido el compromiso internacional de prevenir, investigar y sancionar la violencia dirigida contra la mujer, y que a partir de esta obligación corresponde analizar si la invocación de este instrumento, tal como lo hizo el acusador público en sostén de su negativa, es adecuado en el caso sometido. En efecto, la aplicación de la Convención es adecuada en razón de los hechos objeto del juzgamiento, por lo tanto la oposición del fiscal cuenta con fundamentos suficientes y, por lo tanto, es vinculante.

Además, por las características concretas que reviste el caso, es improcedente la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada por la defensa de Álvarez. El imputado reflejó un accionar “que revela una concepción del género femenino al que lejos de respetar reconociéndole autonomía y libertad para construir las relaciones interpersonales que desee, lo objetiviza, agrediéndolo, y lo reduce a un estado semejante al de una posesión; constituyendo, claramente, una actitud delictiva de violencia de género”;  por lo tanto, al calificarse los hechos como violencia contra la mujer, en los términos de Belém do Pará, corresponde tener en cuenta lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en “Góngora”: la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente.

Con este marco, valoraron el testimonio prestado por la damnificada, que evaluado en el cuadro probatorio integral formó su convicción sobre los hechos objeto de proceso: “En este punto, debe señalarse que no es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas y, en particular, frente a la violencia de género, la revisión de la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando singular relevancia al testimonio de la mujer.” En este sentido, el tribunal argumenta la necesidad de prestar especial atención a las víctimas por ser delitos que se cometen al amparo de la privacidad, además de identificar los hechos imputados como violencia de género.

En cuanto a la supuesta aquiescencia, el tribunal señala que estas expresiones deben ser evaluadas en el contexto determinado del caso. Alegar que esta aquiescencia se deriva del “débito conyugal” constituye un prejuicio y concepción estereotipada que el estado argentino se ha comprometido a erradicar. Señalar lo contrario sería minimizar una historia precedente y un círculo de violencia hacia la mujer, por lo tanto tampoco se da lugar a este argumento.

"La presunta aquiescencia derivada del “débito conyugal” que alega el recurrente ha sido enfáticamente condenada por el tribunal interamericano, por considerar que este tipo de caracterizaciones y prejuicios, evoca la falsa dicotomía entre esfera pública y privada según la cual a la justicia penal no le correspondería inmiscuirse en los “asuntos de pareja” (v. Corte IDH, caso “Campo Algodonero”, Íd.)."

"La Corte Penal Internacional tiene dicho que la intimidación, las amenazas, la extorsión y diferentes formas de provocar temor puede tener los mismos resultados que el empleo de la fuerza. En este entendimiento, se ha sostenido que para que se configure la violación basta con que “…[se coloque] a la víctima en una situación de temor razonable de que ella o una tercera persona sean sujetas a violencia, detención, coacción u opresión psicológica…” (TPIY, “Prosecutor v. Anto Furundzija”, 10 de diciembre de 1998, IT-95-17/1-T, párr. 174).