Boletin Nº 1


Argentina
OBSERVATORIO DE SENTENCIAS JUDICIALES


Fallos destacados


 

 

 

El amor es más fuerte
Una mujer presa, en pareja con una mujer que conoció en el penal pero salió en libertad, solicitó autorización al servicio penitenciario para ejercer su derecho de recibir visitas íntimas. Las autoridades del penal le denegaron el pedido, y recurrió judicialmente la decisión. Tanto la Procuración Penitenciaria como la Comunidad Homosexual Argentina presentaron amicus curie. Los jueces reconocieron el derecho y valoraron el esfuerzo de la pareja por impulsar el caso, manifestando que "resulta de importantísimo valor el propio reconocimiento de las involucradas en la relación que nos ocupa, más no, lo que terceras personas o incluso el Estado pudieren mencionar sobre la misma, dado que si así lo toleráramos, claramente vulneraríamos el principio a la intimidad receptado por el artículo 19 de la Constitución Nacional al igual que en los arts. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros"
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¿Quién dijo que madre hay una sola?
Una pareja de mujeres solicita a su obra social que cubra un tratamiento de fertilización in vitro. Ante la negativa de la institución, interpusieron una acción de amparo. La jueza interviniente ordenó que se realice el tratamiento basándose en “el derecho de salud entendido de modo integral tal como lo ha establecido la Constitución de la Ciudad y por el otro, a la igualdad, a fin de que las actoras puedan acceder a lo que le es dado a otros, en este caso, tener un hijo en común atento a que la Ciencia pone a disposición los medios que posibilitan concretar tal anhelo superando la condición sexual respectiva como limitante físico para llevar adelante ese objetivo de vida propuesto"
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Quiero ser colectivera, ¿y qué?
Una mujer con la licencia profesional para conducir que no conseguía trabajo como chofer de colectivos en la provincia de Salta, donde ninguna mujer ejercía ese oficio, presenta junto con la Fundación Entre Mujeres un amparo colectivo contra las empresas de transporte público automotor para ser incorporada como chofer. Asimismo, piden que se ordene cubrir un cupo de 30% de mujeres en el plantel de trabajadores. Las demandadas argumentaron su derecho a la libertad de contratación y la falta de idoneidad de la aspirante. Una de las empresas argumentó que "es indiscutible que el hombre y la mujer no son iguales, y por más que a la mujer se le otorguen los mismos derechos como ser humano, físicamente son distintos lo que conlleva a una diferencia de tratamiento." El juez hizo lugar al amparo colectivo en todos sus puntos, indicando que la afirmación de la empresa "encierra una verdadera concepción discriminatoria, que se desarrolló desde tiempos inmemoriales en esta parte del mundo, denominada Occidente. Y es menester tener muy en claro, que una de las tantas formas en que se enmascara la violencia, es la discriminación". En la sentencia se cita al fallo "Fundación Mujeres en Igualdad c/ Freddo", disponible en el Observatorio de Sentencias.
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Cuánto trabajo, señor!
Una mujer, procesada por transporte de estupefacientes, solicitó el arresto domiciliaro alegando su condición de madre de tres hijos de entre 7 y 12 años. Si bien la legislación vigente contempla el arresto domiciliario para las madres de menores de 5 años o de hijos con discapacidad (que no era el caso), le fue reconocido el derecho basándose en la Convención de los Derechos del Niño, y el argumento de que "su detención produjo una forzada reorganización familiar, con el consecuente desborde de su concubino, quien sostiene su trabajo y simultáneamente cuida de sus hijos y de su hogar... Se ha dicho que los efectos que el encarcelamiento de una madre tiene en las familias son, en general, más desvastadores que los que habitualmente se generan con el del padre". La suma de las responsabilidades productivas (el empleo en el mercado de trabajo) y reproductivas (el cuidado de los hogar y sus integrantes) se naturaliza en las mujeres de un modo que -cuando se aplica a los varones- aparece como una carga excesiva.
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¿Qué pasa en la Región?

 

 

 

Julio Enrique Socha Salamanca
La Corte Suprema de Justicia de Colombia analiza como tribunal de casación el caso de una menor que asistiendo al médico, este la acostó de lado en la camilla poniéndola frente a él, le dio instrucciones de respirar profundo abrir la boca y sacar la lengua y cuando ella abrió la boca él le introdujo el pene, ante lo que la menor gritó y su madre acudió, llevándose a la niña y denunciando lo ocurrido. La Corte inadmite por indebida formulación del recurso la demanda de casación interpuesta contra sentencia condenatoria, pero advierte que la incapacidad de resistir está dada por el hecho que no sólo fue la confianza en el galeno, sino principalmente las indicaciones que como profesional le hizo a la menor las que afectaron su voluntad y le impidieron la comprensión acerca de que se trataba no de un examen físico rutinario encaminado a encontrar las causas de sus dolencias, sino de una agresión de tipo sexual, el agresor la colocó en condiciones de indefensión porque no estaba en condiciones de comprender lo que sucedía precisamente por el desarrollo de su profesión como médico; por lo que es debidamente tipificado el delito, como acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
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Tema destacado


 

La violencia doméstica contra las mujeres constituye una de las manifestaciones más brutales de las relaciones de desigualdad entre los géneros, ya que se basa en el abuso del poder y la dominación de varones sobre mujeres en el ámbito de sus relaciones interpersonales. Las sentencias judiciales de América Latina ponen de manifiesto dos debates recurrentes en torno al abordaje de esta problemática: en primer lugar, la conceptualización de la violencia doméstica como delito (que requiere por lo tanto de la intervención del poder punitivo del Estado) o como conflicto social que exige, además, otras intervenciones.  En segundo lugar, se debate la definición de la violencia de género o contra las mujeres en contraposición al concepto de violencia doméstica o familiar, que puede afectar a distintos integrantes de una unidad familiar.

Las vías de acción para encarar el fenómeno difieren según las opciones legislativas efectuadas en cada país. El problema que encierra encarar la violencia familiar o doméstica exclusivamente como delito penal y no como conflicto social está dado principalmente por las limitaciones del derecho penal para brindar soluciones: es sabido que el derecho penal no resocializa, no previene, revictimiza, no resuelve el problema concreto de la mujer que quiere terminar con una relación violenta -ya que no es la vía para resolver el divorcio, la atribución del hogar conyugal, la tenencia de los hijos menores, el régimen de visitas, la cuota alimentaria- y expropia el conflicto a la víctima, que es asumido por la fiscalía.
 
Existen importantes obstáculos materiales y subjetivos que dificultan la formulación de denuncias de violencia y las posibilidades de continuar los procesos hasta lograr una sentencia judicial, sumados al bajo índice de condenas. Sin perjuicio de esto, las decisiones judiciales incorporadas al Observatorio son ilustrativas de lo que entiende el Poder Judicial por violencia, dejando de manifiesto ciertas tensiones respecto de la autonomía de las mujeres, la disponibilidad de la acción penal y la valoración de las pruebas en los casos de violencia contra las mujeres:
 
- Se presenta cierta tensión entre el respeto de la autonomía de las mujeres adultas y la protección de sus derechos. ¿Qué resoluciones adoptan los tribunales de justicia ante una mujer capaz, mayor de edad, que decide no continuar con un proceso judicial? ¿Cómo se resuelven las tensiones entre el respeto por la autonomía y las disposiciones legales y judiciales contrarias a la voluntad de la mujer pero protectoras de sus derechos? En la Argentina, decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (1) y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires (2) ilustran diversos abordajes en este tema.
 
- Las legislaciones nacionales prohíben la celebración de acuerdos de mediación o reparatorios cuando se ha entablado un proceso de violencia familiar con fundamento en la preocupación de que las partes no se encuentren en una situación de paridad que les permita negociar equitativamente. Sin embargo, hay situaciones en que entra en tensión la voluntad de la víctima con la prohibición legal, según queda de manifiesto en el caso resuelto por la Corte de Apelaciones de La Serena, Chile (3).
 
- Tanto en los casos de violencia sexual como familiar, la valoración de las pruebas testimoniales resulta central. ¿Qué actitud toman los tribunales de justicia respecto de la valoración de las pruebas de contexto cuando la víctima se retracta de su declaración original? Además, ¿cómo se resuelve la posible tensión entre la persecución penal de un delito y las garantías procesales del imputado? Estos debates cobran particular vitalidad en torno al procedimiento penal a seguir en casos de violencia sexual intrafamiliar de larga data, ya que pocas veces hay pruebas biológicas. En estos casos, es fundamental otorgar credibilidad a la víctima acompañada de pruebas psicológicas pertinentes y correr el eje de la prueba meramente de fisiológica. Los pronunciamientos de la Corte de Justicia de Catamarca (4) y del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (5) son ilustrativos de las posibles alternativas ante la ausencia de pruebas biológicas.
 
 
1) García, Mercedes Omar p.s.a. lesiones graves calificadas
4)  Garay Roberto Carlos p.s.a. Abuso Sexual Simple y Abuso Sexual con Acceso Carnal en concurso real  http://www.advaserver.com/a2/index.cfmfuseaction=MUESTRA&codcontenido=227&plcontampl=3&aplicacion=app003&cnl=3&opc=4
5) C. H. C p/abuso sexual calificado por el acceso carnal doblemente agravado por la condición del sujeto activo y por la situación de convivencia
 

 


 

     

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Boletin Nº 2


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OBSERVATORIO DE SENTENCIAS JUDICIALES


Fallos destacados


 

 

Las madres, a casa
El Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la Pcia. de Córdoba solicita al juez de ejecución la prisión domiciliaria de todas las mujeres embarazadas y madres de menores de 5 años. El pedido es denegado por el juez, fundándose en que el beneficio sólo puede ser solicitado por las interesadas, caso por caso. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, que revocó el pronunciamiento y dispuso que el beneficio pueda ser otorgado de oficio por el juzgado de ejecución interviniente; argumentando que la medida "no tiene por objeto mejorar la calidad de la privación de la libertad de la interna, sino que obedece al deber de protección integral de los niños y las niñas"
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¡Vivan los novios!
Una pareja del mismo sexo pidió turno ante el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires para contraer matrimonio. Ante la negativa, presentaron una acción de amparo solicitando que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se les permita casarse, "en igualdad de condiciones en que lo hacen las parejas heterosexuales" y se declare la inconstucionalidad de los arts. 172 y 188 del Código Civil. La jueza autorizó el matrimonio "por la aplicación analógica de las disposiciones contempladas en el Código Civil con relación al matrimonio de una mujer con un hombre", pero sin pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de la norma. La magistrada argumentó que "en algunos casos el recurso del legislador a ciertos factores de distinción puede responder a prejuicios y estereotipos que tienen por efecto excluir a categorías enteras de personas del legítimo ejercicio de un derecho. Casos típicos de esta categorización espuria son los de raza y religión y, en épocas más recientes, los de género y discapacidad. En base a la doctrina expuesta, el estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones basadas en la orientación sexual se traduce en que tales categorías no deben tener como finalidad crear o perpetuar la estigmatización, el desprecio o la inferioridad legal o social de las personas pertenecientes a las minorías sexuales. En todo caso, las clasificaciones fundadas en la orientación sexual deberían ser utilizadas para compensar a tales grupos por las postergaciones sufridas a través de la historia...no hay dudas de que los sentimientos religiosos de algunos no pueden ser una guía para delimitar los derechos constitucionales de otros."
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Huir no es abandonar
Un hombre solicita el divorcio por la causal de "abandono voluntario y malicioso" del hogar conyugal. La mujer reconviene la demanda por haber hecho abandono debido a los malos tratos de los que era víctima. En primera instancia se tiene por probada la violencia física y psicológica contra la mujer, decisión que es confirmada por la Cámara de Apelaciones. En relación al valor de la prueba testimonial, que fue la base de la sentencia, han dicho los magistrados que " los juicios de divorcio suelen fundarse en hechos que no trascienden más allá del ámbito del hogar, por lo que sólo los más allegados al matrimonio suelen tener conocimiento de dichas circunstancias. Por ello, las declaraciones de los parientes, amigos íntimos, dependientes y personas que vivieron en el hogar conyugal, que en otros juicios pueden ser subestimados o descartados, en este proceso cobran decisiva importancia, por ser quienes perciben en mayor medida la intimidad de la pareja y sus conflictos y constituyen testigos necesarios, sin perjuicio de que sus testimonios deben ser analizados con espíritu crítico e inclusive desechados cuando revelen parcialidad"
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Y tu mamá también
Una niña, inscripta con el apellido materno, es adoptada por la pareja de la madre. En la sentencia de adopción se dispuso que el apellido del adoptante reemplazara al materno. Tanto la niña, como la madre y el padre, recurren a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de solicitar la adición del apellido materno. En un fallo unánime, la Corte hizo lugar a la solicitud. Si bien señaló errores procesales en el planteo, hizo prevalecer "el interés superior del niño" ya que de lo contrario "la misión específica de los tribunales de familia queda totalmente desvirtuada si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso"
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¿Qué pasa en la Región?

 

 

La violencia psicólogica, está probado, es violencia
Un Tribunal de Familia de Santiago de Chile condena por violencia psicológica a ex conviviente experto en artes marciales que porta arma de fuego, por los constantes acosos telefónicos a la madre de sus hijos. Este fallo plantea la problemática probatoria que presentan los casos de violencia psicológica y la necesidad de capacitación en violencia de género de los operadores de justicia para el adecuado reconocimiento de éstos, así como la pertinencia de la interpretación de las leyes de violencia, como instrumentos de protección a las mujeres que la viven. Considera el tribunal que tales conductas son constitutivas de violencia y han sido suficientemente corroboradas por los informes psicológicos respectivos dando cuenta de la desigual relación de poder existente entre la denunciante y el denunciado. El Tribunal acoge la demanda de violencia, condena al agresor al pago de una multa, dispone medida cautelar de no acercamiento y prohíbe el porte de armas, igualmente dispone la asistencia del condenado a un programa terapéutico.
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Tema destacado


 

En diciembre de 2009, A.G., una adolescente de 15 años, denunció haber sido violada por la pareja de su madre. Dos semanas después al enterarse que estaba embarazada, A.G. y su madre comenzaron un tortuoso recorrido por el sistema de salud y los tribunales, que culminó la semana pasada, cuando A.G. logró acceder a la interrupción de a su embarazo. 

Al confirmar su embarazo producto de la violación, A.G. y su madre solicitaron al tribunal que investigaba el delito que autorizara la interrupción del embarazo en el Hospital Zonal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia para resguardar el material genético de prueba. El juez en lo penal y la fiscalía rechazaron el pedido, aludiendo razones de competencia. 

Entonces, A.G. y su madre requirieron la intervención de una jueza de familia, quien negó la autorización para interrumpir el embarazo. La negativa se produjo luego de imponer a A.G una serie de entrevistas, dictámenes de diversos comités, estudios médicos y psicológicos, y otros requisitos burocráticos. Ante la apelación de la decisión de primera instancia, la Cámara confirmó la denegación. Finalmente, luego de más de dos meses, el 8 de marzo el Superior Tribunal  de Chubut, por acuerdo unánime de su Sala Civil, avaló la práctica del aborto[1].   

El tribunal consideró que el artículo 86 inciso 2 del Código Penal permite el aborto en caso de violación de cualquier mujer, es decir, no sólo de mujer “idiota o demente”. Por otra parte, la decisión recomendó al Poder Ejecutivo elaborar una guía para la atención de los abortos no punibles en los centros de salud de la provincia o adherir a la Guía de Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación. 

El tribunal entendió que se trataba de una cuestión de “gravedad institucional” dado el interés de toda la comunidad, los valores constitucionales involucrados, la responsabilidad internacional del Estado en juego y la notoria necesidad de contar con una certidumbre acerca de la interpretación del artículo 86 del Código Penal. Además, se hizo hincapié en la protección constitucional de los derechos a la integridad física, psíquica, la dignidad personal y la autonomía de A.G. También se afirmó la constitucionalidad de los permisos para interrumpir el embarazo del artículo 86, respecto de lo cual los jueces declararon que “(e)s evidente que frente a la colisión de intereses y bienes jurídicamente protegidos -vida humana vs. libertad sexual-autodeterminación-, en el caso de embarazo producido por violación, la ley, hace prevalecer al segundo, sobre el primero”. 

Finalmente, la sentencia consideró que no puede exigirse una denuncia policial ni una sentencia condenatoria en sede penal para habilitar el supuesto previsto en el artículo 86 inciso 2. Es también importante destacar que el Tribunal reconoció que los derechos humanos de AG habían sido violados y que el Estado (en todos sus niveles) debía responder a sus compromisos internacionales, tal como distintos órganos de seguimiento de los tratados lo habían señalado al monitorear las medidas gubernamentales adoptadas en materia de salud sexual y reproductiva.  

La sentencia del tribunal de Chubut constituye un hito de máxima importancia en la lucha por la exigibilidad de las normas del Código Penal vigentes hoy. La decisión es el resultado de la ardua defensa que llevaron adelante la abogada de la familia y la defensa pública en nombre de A.G. y su madre.

Días después del pronunciamiento del máximo tribunal provincial, la Cámara de Apelaciones local, que había negado la autorización a AG, resolvió en un caso muy similar (una adolescente de 15 años, violada por su padre y embarazada, solicitó la interrupción del embarazo)  autorizar el aborto enmarcándolo dentro de los supuestos de no punibilidad previstos en el art. 86 inc. 2ª, y basándose en lo resuelto por el Superior Tribunal.[2] También nos parece importante señalar el rol que seguramente cumplieron los múltiples pronunciamientos que, como declaraciones públicas o en la forma de amicii curiae, contribuyeron a generar y celebrar la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y de la Cámara de Apelaciones. Esta vez, esos pronunciamientos se sumaron a las siempre presentes voces de las actoras del movimiento de mujeres y sus organizaciones expandiendo el alcance del debate.

Fuente: Memorandum preparado por el equipo del proyecto “Hacia el Aborto No Punible”, CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) 

 


 

     

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Fallos destacados


 

 

 

Jujuy: se condena al Poder Ejecutivo y Legislativo a sancionar ley de cupo femenino
En la provincia de Jujuy, un grupo de mujeres y varones promueve una acción de amparo tendiente a que se condene a los poderes públicos de la Provincia a arbitrar las medidas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos a una igualitaria participación de las mujeres en los cargos electivos en todo el territorio provincial, estableciendo en las normas que rigen el proceso electoral el sistema denominado de cupos o cuotas. El tribunal hace lugar a la acción de amparo y resuelve "condenar al Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia para que den cumplimiento con el mandato constitucional del art. 37 último párrafo, y disposición transitoria segunda de la Constitución de la Nación, sancionando y promulgando la ley reglamentaria allí prevista, en el plazo de tres meses, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias". El tribunal sostuvo que: "(...) no obstante los diversos proyectos presentados en el seno de la Legislatura Provincial, los mismos no han sido tratados remitiéndose las actuaciones al archivo y por lo tanto no han tenido la consagración legislativa que establecen la Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, ratificada por Ley 23.179 en el año 1985 y consagrado también en nuestra Constitución Nacional en el año 1994 (arts. 37 y 75 inc. 22 y 23), cual es el establecimiento de normas positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres", constituyendo, por tanto, una omisión del Poder Legislativo. En este sentido, el Tribunal señaló que la cláusula constitucional que establece que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas, "no ofrece alternativa alguna al poder legislador, razón por la que en este caso no le cabe más que subordinarse el cumplimiento de su cometido constitucional". El fallo no se encuentra firme.
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Río Negro: Ginecólogo condenado por abuso sexual
Una niña de quince años concurre a un médico ginécologo - quien era además su profesor de biología - a realizar una consulta. En la misma, sorpresivamente y bajo el pretexto de efectuarle una revisación, abusó sexualmente de la menor con acceso carnal. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro confirmó el fallo de la instancia anterior, condenando al médico a la pena de diez años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión de médico y docente. El tribunal tuvo especialmente en cuenta la condición de profesor de Anzaldo, circunstancia que fue determinante para que la menor concurra a su consultorio. Asimismo, desestimó los argumentos de la defensa que pretendía descalificar el relato de la víctima por supuestas contradicciones. En este sentido, el Tribunal sostuvo que "en la denuncia se advierte la ausencia de animadversión de la menor para acusar al imputado (...) J.C. ha prestado declaraciones coherentes y concordantes con el hecho reprochado a C.A. y las particulares situaciones que a posteriori vivenció a la edad de diecisiete años: inicialmente callando sobre su afectación a su integridad sexual; y luego develación, relato y declaraciones concordantes entre sí -reitero: las contradicciones fueron explicadas, entendidas, ponderadas y justificadas- y con el plexo probatorio, sin que la defensa demostrara signos y expresiones de mendacidad, ni los advirtiéramos el a quo o este Cuerpo en el análisis integral de la declaración de la víctima en el marco del sistema de la sana crítica racional (...) Es necesario recordar que las manifestaciones de las víctimas, en virtud de ser únicos testigos -en casos como el sub lite-, se tornan fundamentales para esclarecer los hechos investigados".
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A los concubinos también
Una mujer mayor, en situación de indigencia, cuya pareja fallece después de 40 años de concubinato, demanda la inconstitucionalidad de la ley que regula el régimen de pensiones en la provincia de Misiones que diferencia de un modo arbitrario la figura del concubinato en el acceso a la pensión por viudez. El Superior Tribunal de Justicia de Misiones rechaza la demanda por motivos procesales y formales, indicando que no se había planteado el recurso en el plazo de 30 días que manda la ley, adquiriendo, por dicho motivo, calidad de cosa juzgada, al no haber sido debidamente impugnada. La decisión del Superior Tribunal de Misiones es apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo la apelante que: "en supuestos de derechos de la personalidad no patrimoniales como los debatidos -honor, vida, salud, integridad física, subsistencia y dignidad humana- no rige el plazo de treinta días para objetar, en jurisdicción originaria, la constitucionalidad de las normas; y que al discriminar entre viudez y convivencia, a los efectos de la pensión, la ley n° 471/74 introduce un distingo irrazonable, contrario al tenor integral e irrenunciable que atañe a los beneficios previsionales (...)". La Corte sostiene que, en las demandas de tenor alimentario "de razonable base constitucional, postulada por una persona, entonces sexagenaria que, según se estableció en sede administrativa, convivió al menos treinta años con el causante, de escasa disponibilidad económica (...) y con problemas de salud, el tratamiento conferido al asunto debió haber prescindido de formalismos excesivos, en pos de garantizar la consideración substantiva de los agravios propuestos por la interesada, en especial, los constitucionales (...) Los jueces deben actuar con suma cautela cuando deciden cuestiones que conducen a la denegación de prestaciones alimentarias; que el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los propósitos tuitivos que inspiran la materia previsional". Con esos argumentos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deja sin efecto la decisión del Superior Tribunal de Misiones y le indica que se resuelva sobre el fondo del asunto con arreglo a lo expresado en su sentencia.
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Corresponde a la medicina, no a la justicia: otro fallo sobre aborto no punible en caso de violación
Una adolescente embarazada como consecuencia de las violaciones perpetradas por su padre y su tío, solicita a las autoridades del hospital local que interrumpan el embarazo. Los médicos se niegan alegando objeción de conciencia, se da intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y a otras dependencias publicas provinciales, tras lo cual solicita intervención judicial. El juez autoriza la práctica por encontrarse prevista en el artículo 86 inc 2º del Código Penal, manifestando en la sentencia que "Resulta insoslayable aceptar que nos encontramos en la especie con una manifiesta colisión de intereses y bienes jurídicamente protegidos; concretamente, entre la vida humana, por un lado, y la libertad sexual y la autodeterminación personal, por el otro ... en supuestos como el aquí tratado, aferrarse a un solo argumento -la afirmación lineal según la cual el feto es un niño y la Convención Internacional de los derechos del niño protege su interés superior por lo que la vida potencial no puede ser nunca afectada- y negar el conflicto suscitado, importa ignorar la trágica desigualdad ante la ley que provoca el sistema punitivo entre mujeres carenciadas y con posibilidades económicas. A punto de cerrar los ojos a una realidad incontrovertible, cual es que, en definitiva, el sistema penaliza la pobreza y no la interrupción del embarazo". El fallo incluye consideraciones interesantes relacionadas con la intervención judicial “... en nuestro sistema legal el aborto constituye un delito. Sin embargo, la vida de la persona por nacer puede en algunos casos ser suprimida sin que dicha conducta resulte punible. No se trata de que la ley aliente esas prácticas, sino que sólo las tolera excepcionalmente si se dan ciertas exigencias, efectuando un balance de valores ... El legislador, a efectos de no violar el derecho a la vida, optó por un sistema de indicaciones -no de plazos- para regular los casos en los que el aborto no será punible. A la regla general de punibilidad agregó excepciones por las cuales el Estado decide no castigar la práctica abortiva -aborto con indicación eugenésica o indicación criminológica. El protagonismo y la intervención necesaria se han colocado en cabeza de la mujer, que es la que debe prestar el consentimiento, y en un médico diplomado que debe dictaminar y aplicar la intervención que corresponda; y ello trasunta por los caminos de legalidad y de la no punibilidad. No es el juez el que habilita o autoriza la interrupción, sino, en cambio, la norma legal misma la que efectúa tal cosa.” Además, sostuvo que “… el legislador no ha dejado en manos de los jueces la tarea de preferir la vida de una u otra persona, puesto que el mismo consagró el resultado de la ponderación entre el derecho a la vida del nasciturus y el derecho de la mujer, víctima de una violación. Razones legales, médicas y éticas hacen que una decisión de esta naturaleza no sea complementada o integrada por el órgano jurisdiccional.” Pero, atendiendo a la naturaleza del caso, el juez resolvió pronunciarse sobre el tema ya que “Lo cierto es que, aunque de modo improcedente, un pronunciamiento del órgano jurisdiccional ha sido formulado, y ante ello, entiendo que no es dable abonar desde esta sede el estado de incertidumbre que puede afectar, acaso por desconocimiento u otros motivos, a los profesionales de la salud.” Por ese motivo, el juez se pronuncia a favor de la interrupción del embarazo con fundamento en los inciso 2 del articulo 86 del Código Penal y recomienda al sistema de salud de la provincia que, en el futuro, se arbitren los medios necesarios para no volver a judicializar las practicas medicas que deben ser resueltas en forma exclusiva por los profesionales de la salud, ya que las demoras y ambivalencias del sistema publico de salud solo perjudican a las mujeres pobres y en condiciones de vulnerabilidad.
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¿Qué pasa en la Región?

 

 

 

Universalismo vs. relativismo cultural en la justicia penal de Chile: indígena aymara procesada por la muerte de su hijo
Este caso resuelto por Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, Chile, pone a prueba la capacidad del sistema de administración de justicia para juzgar a una mujer aymara acusada de abandono de niño en lugar solitario seguido de muerte, obstrucción de la justicia e incesto. Se refleja en la sentencia la discusión entre universalismo y relativismo cultural aplicada al concepto de madre, a su deber de cuidado y a lo que significa abandonar. Asimismo, en el caso se refleja la aplicación del Convenio 169 de la OIT en la justicia penal. En su fallo, el tribunal realiza una consideración especial sobre la cultura aymara, destacando que reconoce que esta cultura se ha dedicado ancestralmente al pastoreo. Sin embargo, entiende que la conducta de la imputada no se condice con aquellas que son aceptables dentro de la comunidad, la cual en nada difiere respecto al cuidado que una madre debe brindar a sus hijos, considerando que: “(…) si bien es posible aceptar que la forma que ancestralmente la comunidad se ha dedicado al pastoreo, permiten sostener que es algo cotidiano que los niños desde pequeños son enseñados en las labores de pastoreo, es la conducta errática de la acusada asumida desde el momento que se acerca a realizar su denuncia, la que no es congruente con su conducta posterior”. Respecto de las normas relativas a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, el tribunal consideró que el derecho de conservar las costumbres e instituciones propias, instituye un filtro normativo, que es “siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
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Tema destacado


 

 

FAMILIAS Y DIVERSIDAD SEXUAL
 
En América Latina, son muchas las repercusiones que giran en torno al reconocimiento de igualdad de derechos para las parejas constituidas por personas del mismo sexo.
 
En Argentina, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción recientemente a un proyecto de reforma del Código Civil que autoriza la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo con todos los efectos propios de este, incluyendo la adopción. Este proyecto actualmente se encuentra sometido al tratamiento de la Cámara de Senadores. Las recientes decisiones judiciales ocurridas en diversas jurisdicciones del país, que autorizaron la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo ante las demandas que solicitaban al Poder Judicial la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 178 y 182 del Código Civil, sin duda contribuyeron a generar las condiciones que determinaron su tratamiento y aprobación en la Cámara Baja. [1]
 
Las discusiones vinculadas con el respeto por los derechos de las personas, sin importar su condición sexual, no son nuevas en nuestra región.
 
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conoce su informe final, redactado el 18 de diciembre de 2009, en el caso de Karen Atala, en relación a larga discusión acerca de si el Estado chileno discriminó o no a Karen Atala, luego de que un fallo de la Corte Suprema de ese país le quitara la custodia de sus tres hijas, sin otro fundamento que su orientación sexual. El máximo tribunal de Chile sostuvo que “la madre de las menores de autos, al tomar la decisión de explicitar su condición homosexual, como puede hacerlo libremente toda persona en el ámbito de sus derechos personalísimos en el género sexual, sin merecer por ello reprobación o reproche jurídico alguno, ha antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de éstas (…) la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas (…)”.[2]
 
En su informe, la CIDH considera que el Estado chileno violó el derecho de Karen Atala a vivir una vida libre de discriminación, exhortándolo, por otro lado, a que adopte” la legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”. El gobierno de Chile pidió una prórroga de dos meses para extender el plazo de respuesta al informe de la CIDH. La primera medida adoptada por el gobierno es la creación de una mesa de trabajo para estudiar la forma en que se dará cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
El informe de la CIDH constituye un precedente único en la región para el respeto de los derechos de las personas sin importar su condición sexual.
 
 

 
 
[2] La decisión completa de la Corte Suprema de Justicia de Chile puede leerse en http://www.programamujerescdh.cl/media/noticias/Fallo%20_Corte_Suprema_caso_Atala.pdf
 

 

 


 

     

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Fallos destacados

 

El derecho de un niño a crecer con su madre y hermanas
Una mujer interpone un recurso de amparo solicitando a la Municipalidad de Tigre que se le incluya en un plan de viviendas sociales y le sea entregada una casa y un subsidio mensual para la manutención de la misma, para que su hijo menor, que padece una grave enfermedad pulmonar, pueda habitar con ella y sus otras hijas; ya que la precariedad de su vivienda actual y la ubicación de la misma, obligan a su hijo a permanecer internado en el hospital. En primera instancia se hace lugar a la petición y se ordena que en un plazo no mayor a 120 días le sea entregada la vivienda. La parte demandada apela ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo quien confirma la sentencia por considerar que las prestaciones básicas reclamadas constituyen derechos inalienables de todo ser humano, encontrando incontrovertible la existencia de necesidades básicas insatisfechas constituidas por dificultades materiales, económicas, alimentarias, sanitarias y de vivienda, y que tal situación vulneraba derechos elementales del grupo familiar, con el agravante de la situación médica del menor. La Municipalidad considera que los jueces no tienen competencia para decidir la ejecución de políticas sociales y que las medidas ordenadas son impropias de la labor judicial. La decisión es apelada y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirma la decisión de la Cámara por considerar que la insuficiente coordinación en los niveles provinciales y municipales en la implementación de los derechos del niño, han puesto a la familia encabezada por la actora en una situación de violación de sus derechos al impedirles desarrollarse como grupo y por ello decide que corresponde a la Municipalidad otorgar la vivienda en condiciones que permitan a su hijo vivir con ella y sus hermanas.
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Los celos pueden ser maltrato y son causal de divorcio
El actor interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la cual, teniendo acreditadas las injurias graves del marido hacia su cónyuge, decretó el divorcio vincular por culpa exclusiva de éste. Para así resolver, el magistrado consideró comprendidos dentro del supuesto de injurias graves, los celos enfermizos. La Sala G de la Cámara Nacional en lo Civil confirmó el fallo del juez de grado por entender que: “… tal desmesura en los celos -según confesó al experto el recurrente- constituyó en la pareja una unión fragmentaria que se sostuvo en un equilibrio precario, de no reciprocidad y no entendimiento que se dio no sólo en los últimos años, sino que persistió con la cualificación de habitualidad … Sin llegar a la violencia física, existió otra forma de ella consistente en la presura psicológica que resulta más imperceptible … El maltrato psicológico no sólo se da cuando se desmerecen los logros de la esposa, antes bien, como aquí quedó demostrado, se la controla con celos enfermizos o habituales que la degradan y le provocan una suerte de “maltrato psicológico”.
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Vivienda digna para una mujer y su hijo en situación de especial vulnerabilidad
La Asesora de Incapaces, en representación de C. I. P. y de su hijo menor de seis años A. J. S, ambos con discapacidad, interpuso una acción de amparo a fin de lograr que se les brinde “…una vivienda adecuada para [los actores] y su grupo familiar, o en su defecto, subsidio equivalente a los fines de sufragar un alquiler mensual para una vivienda. Asimismo, se otorgue acompañante terapéutico más un subsidio asistencial equivalente al salario mínimo vital y móvil mensual hasta que se consiga una inserción laboral acorde … con la articulación de recursos desde la salud mental a los fines de posibilitar la vida familiar … libre de violencia familiar (ley 12.569) y que se posibilite alcanzar el mejor desarrollo posible en materia de salud física y psíquica". Tanto el Juzgado en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial La Plata como la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, dieron favorable acogida a las pretensiones de los amparistas, ordenando al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que les garantice la cobertura de la prestación de tratamiento por médicos clínicos, psicólogos y psiquiatras, grupos de autoayuda para entrenamiento a padres y familiares y el tratamiento de rehabilitación que sus patologías requieren, y por el tiempo que ello resulte necesario, basándose “en la delicada y apremiante situación socioeconómica, de salud y habitacional de la parte actora”. Contra dicho pronunciamiento, la Asesora de Incapaces interpuso recurso extraordinario por cuanto la sentencia, pese a acoger los planteos, no reconoció la exigibilidad inmediata de los mismos. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso y resolvió, además de ampliar la condena impuesta a la Municipalidad de la Plata, disponer que coordinada y solidariamente provean en un plazo que no exceda de los 60 días "...una vivienda adecuada a la familia constituida por C.P., D. S. y su hijo menor A.S”. Asimismo, y hasta tanto den cumplimiento a dicha prestación, ordenó que cubran, a su exclusivo costo, dentro de las 48 hs., los gastos de alojamiento de los amparistas en un hotel o complejo habitacional. El tribunal consideró la particular situación de la familia de la actora, la cual “…presenta severas dificultades, atento a su situación de carencia de recursos y situaciones de alcoholismo en su padre y hermano”. Sostuvo que la señora P. y su hijo “conforman un grupo desfavorecido por varios motivos: la condición de mujer y niño, ambos discapacitados físicos; la situación económica presenta un cuadro desgarrador, porque la madre no puede proveer, en forma autónoma para sí ni para su hijo, los medios de subsistencia; ni cuenta con la apoyatura del otro progenitor, quien, a su vez, se encuentra en idénticas condiciones incapaz y sin ingresos y la familia ampliada que los rodea genera un ámbito de maltrato, además de carecer de recursos suficientes para funcionar como sostén". La SCJBA destacó que, actualmente, las únicas opciones con que cuenta la amparista consisten en "… seguir como hasta ahora, conviviendo con la familia ampliada, sin lo necesario para cubrir lo mínimo para la subsistencia, en un clima de constante agresión, a la espera de la concreción en sede administrativa de un programa que la incluya en el otorgamiento de una vivienda, supeditado todo ello a la disponibilidad presupuestaria..." ó "... quedar en la calle, sin vivienda y sin medios, con todo lo que esto implica desde la particular vulnerabilidad que porta el grupo desventajado compuesto por discapacitados, mujer, niño y en esta hipótesis los riesgos se acrecientan incluso desde la perspectiva de ser víctimas de todo tipo de abusos, incluso desde la perspectiva sexual”.
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Entre Ríos: prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo
El 16 de diciembre de 2007, Wilma Isabel Meza, falleció en un hospital de la ciudad de Paraná, víctima de una serie de golpes que le ocasionaron la muerte por asfixia mecánica, producto de estrangulamiento manual. El hecho ocurrió mientras estaba en su domicilio, junto a su marido, quien en todo momento negó responsabilidad alguna. El tribunal tuvo por probado que Meza fue víctima constante de violencia doméstica de parte de Costa, tanto psicológica como también física, señalando, al respecto, que "... en la inmensa mayoría de los casos en los que dicha violencia se encuentra presente, la misma no solo es ejercida dentro de la intimidad de la pareja, alejada de la vista de terceros, más allá de que estos últimos, como en el caso de autos, pudieran observar sus consecuencias, sino que además el agresor se hace ver en público en una actitud absolutamente diferente, mostrándose cariñoso, atento y amable, tal y como exactamente actuaba en el encartado con su cónyuge". Por ello, en un fallo que aún no se encuentra firme, condenó a Marcelo Costa, a la pena de prisión perpetua.
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¿Qué pasa en la Región?

 

Colombia: Acceso carnal abusivo con incapaz de resistir la agresión
Mientras se hospedaba en un Hotel de San Andrés y Providencia con su pareja, una mujer se queda sola descansando en su habitación, luego de haber ingerido grandes cantidades de alcohol. Al despertar con el sonido del teléfono, descubre a Esteban Gutiérrez Martiliano, trabajador del hotel, encima suyo, accediéndola carnalmente. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en virtud de que el imputado fuera absuelto tanto en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por considerar que la víctima no se encontraba en un estado de sueño profundo, debido a que: “… el relato que hace la víctima de los hechos ocurridos es contrario a la lógica que ella se hubiera despertado por el estímulo o mejor por causa del estímulo más lejos de su intimidad, su cuerpo y de su entorno, vale decir, cuando escuchó el timbre en el teléfono de su habitación”. Finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia impugnada y confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al imputado por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, a la pena de sesenta y cuatro meses de prisión. En este sentido, sostuvo que: “…el Tribunal de San Andrés, basó la decisión de absolución a favor del procesado Esteban Gutiérrez Martiliano, en un juicio de absoluta incredulidad respecto a lo narrado por la víctima … La Sala no tiene ninguna duda respecto a los hechos objeto del presente pronunciamiento, puesto que el acceso carnal se perpetró en persona incapaz de resistir, causado por un estado de sueño profundo e, inclusive, de la mano de los dictámenes periciales sexológico y clínico de embriaguez”.
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Tema destacado



 
LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE FAMILIA
El concepto jurídico de familia tomó como base en el pasado los roles que tradicionalmente habían sido cumplidos por varones y mujeres dentro del núcleo íntimo de las relaciones sociales.  Así, el concepto de familia se forjó como la unión permanente de la mujer con el varón, incluyendo a su descendencia, en la que el madre y padre cumplían los roles esperados socialmente de cada uno de ellos.Las decisiones de los tribunales de justicia de Argentina de los últimos meses, sumado a la reforma de las normas aplicables al matrimonio, prueban que esta concepción de la familia pierden vigencia para el derecho nacional. Con la sanción de la ley 26.618 el pasado 15 de julio, aprobando la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre
personas del mismo sexo, se han visibilizado las realidades diversas de muchas familias argentinas, superadoras de las concepciones tradicionales de familia que son reemplazazdas por otras más inclusivas . Esta evolución había sido ya reconocida positivamente por los jueces nacionales.

Tal es el caso, por ejemplo, del Juzgado de Garantías n ° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que resuelve conceder el beneficio de prisión domiciliaria a un padre imputado por tráfico de estupefacientes, para que pueda cuidar de sus hijos (menores de 5 años), luego de la muerte de su concubina. En el caso F.A.D. Prisión Preventiva. Morigeración de Oficio, el juez reconoce que el beneficio previsto en el primer párrafo del artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, se reserva taxativamente a la mujer con hijos menores de cinco años y con ello, excluye otro tipo de parentesco y relaciones; pero asegura que "una de las conquistas de género más trascendentes del S. XX ha sido, el ejercicio de la patria potestad compartida, ya que se atribuye su ejercicio tanto al padre, como a la madre conjuntamente" por lo que el ejercicio de la misma no debe ser exclusivo de la mujer, elevándose por encima de los patrones tradicionales y extendiendo así el beneficio de la norma penal al imputado en cuestión para que, en virtud del interés superior del niño/a, pueda acompañar a sus hijos hasta que cumplan los 5 años. La importancia de este fallo radica en el reconocimiento de la familia como el entorno ideal para el crecimiento y desarrollo de lo/as menores, pero sobretodo en entender que una familia puede no estar constituida de la forma en que históricamente definió el derecho, sino que, de modo diverso, sigue siendo el entorno ideal para el mejor desarrollo de los niños y las niñas.



En el caso S. L. y otros s/Separación Personal se considera injusta la imposición legal de un procedimiento de tiempo de espera determinado y de un régimen de audiencias como condición para obtener el divorcio y, si bien reconoce que el origen de la norma se basaba en el interés de preservación de la familia: el tiempo de espera buscaba persuadir a la pareja de luchar por preservar la unión. El tribunal considera que la inconstitucionalidad de la norma no implica un menosprecio por la institución de la familia, sino que no es correcto identificar a la familia exclusivamente con el matrimonio y que la extensión de los valores modernos de autonomía personal y libre elección de la pareja implican también la contracara: la libertad de cortar vínculos cuando el amor se acaba, cuando el costo personal de la convivencia conflictiva supera cierto umbral; sin que ello implique un rechazo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.



 

 

     

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