El defensor del condenado interpone recurso de casación argumentando que para condenar por el delito de “actos sexuales” según el titulo se deben configurar múltiples actos, con uno solo no basta para la condena. Así mismo solicita la nulidad por considerar que los hechos no configuran un delito sexual si no una injuria por vía de hecho. 

La Corte tuvo que determinar si era o no procedente la solicitud de aclaración de sentencia de tutela. Así decide rechazar la aclaración de la Sentencia T 841 de 2011 presentada por el Consejo Superior de la Judicatura. Como argumentos de su decisión indica que la solicitud es improcedente la sentencia es clara en indicar que la reserva de la identidad de la peticionaria opera en todo caso que se interponga una tutela para exigir la IVE, con independencia del resultado del proceso. Así las cosas, esta reserva no está limitada a los casos en que el juez finalmente concluya que la accionante se encuentra inmersa en las causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006, como parece entender el Procurador General de la Nación Indica entonces que si la Fiscalía o el Ministerio Público desean acceder a la información contenida en un expediente de un caso de tutela por el derecho a la IVE, deberán solicitar expresamente al juez el levantamiento de la reserva de la identidad de la peticionaria justificando tal petición, respecto del caso concreto, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, al cabo de lo cual la autoridad judicial decidirá, mediante auto y con respeto del debido proceso de la actora, si la reserva se levanta o se mantiene, o cuáles medidas se tomarán para resguardar su identidad.  

 Las consideraciones de la Sala se centran en la construcción del contexto en el que se dieron los delitos al considerar que es deber de Justicia y Paz como aporte para la verdad construir los contextos de lo ocurrido más allá de cada crimen individualmente cometido.

El contexto se construye a partir de la historia de la violencia en Colombia, de la creación, desarrollo, consolidación y expansión del paramilitarismo en Colombia particularmente su accionar en la zona de Urabá, en la cual el BEC-AU ejercía influencia.

Luego se construye el marco jurídico nacional e internacional de aplicación de los delitos de reclutamiento ilícito de menores y homicidio en persona protegida como delito que afecta el DIH.

En las reparaciones, al tasar el daño moral para la indemnización, la Sala realiza una serie de consideraciones tendientes a evidenciar que el reclutamiento de menores afecta de manera diferenciada a las niñas, las cuales tienen que construir su identidad sexual en un espacio patriarcal y jerarquizado, tal como lo es la estructura armada y el sufrimiento de violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, violencia sexual, matrimonios forzados y  esclavitud sexual.

Se condena al postulado por homicidio en persona protegida, reclutamiento ilícito de menores y secuestro simple agravado en calidad de  autor mediato, al haber sido el comandante del BEC-AU.

La pena se tasa en 645 meses, cambiados por 8 años en virtud de la alternatividad impuesta por la ley de justicia y paz. 

La Corte Suprema de Justicia en este caso tuvo que determinar si aplicar la ley que reconoce efectos legales a las uniones maritales hacia el futuro afecta los derechos a la igualdad de las parejas que hayan iniciado convivencia antes de su vigencia. La Corte Suprema decide casar la Sentencia.Consideró que aplicar la ley 54 de 1990 con efectos retroactivos era las más ajustada a la intención del legislador, pues cuando el congreso expidió la ley, quiso legalizar un hecho evidente de la cultura colombiana, que es imposible desconocer, como lo es la conformación de familias por la simple convivencia. Por tanto, a juicio de la corte lo mas justo es extenderles todos los derechos que consagra esta normatividad a las uniones maritales, tanto a las ya formadas al momento de expedirse la ley como a las que se formaran posteriormente. Por otro lado señala la Corte que el estado civil producto de las uniones maritales de hecho (compañero o compañera permanente) se adquiere con los dos años de convivencia y no con la sentencia judicial que declare tal unión.

Dos magistrados salvaron el voto, indicando que la ley 54 debe seguir la regla general de todas las leyes, esto es la irretroactividad. Como argumento de su decisión indican que  esta previsión lejos de beneficiar a las perjudica, ya que los compañeros permanentes unidos antes de la ley 54 no esperaban que los bienes adquiridos conformaran una sociedad patrimonial de hecho. Por ello su aplicación retrospectiva defraudaría las expectativas individuales de las personas que decidieron conformar una unión y su expectativa individual dentro de su proyecto de vida.

En la aplicación de la ley de justicia y paz se individualiza la pena del comandante del frente “José Pablo Díaz” Edgar Ignacio Fierro Flores alias “Tijeras” y un patrullero de otro de los frentes del Bloque Norte de las AUC.

 La Sala Penal debe determinar si tienen cabida los argumentos del defensor, referentes a que no existe prueba científica que permita inferir que la mujer estaba en incapacidad de resistir, que las inferencias realizadas por el Tribunal para condenar carecen de conocimiento científico y que se da credibilidad a la víctima sin mayor fundamento, desconociendo otros testimonios que manifestaron haberla visto realizando actividades normales. 

Se desestiman los argumentos del defensor, porque se evidencia que del dictamen médico legal realizado a la víctima cuando interpuso la denuncia, se encontró hallazgo de semen del condenado,  presencia de benzodiacepinas que obraron como causa del estado de inconsciencia, y que el dictamen fue objeto de contradicción durante todo el proceso.

El defensor argumenta que el Tribunal infirió que la sustancia causo estado de inconsciencia en la mujer pero no tuvo en cuenta que faltaban datos científicos como la cantidad y momento de consumo de la sustancia. La Corte argumenta que estas inferencias fueron elaboradas a partir de los parámetros científicos acreditados en el proceso (como que los efectos dependen de diversas variables) y de su análisis en conjunto con la versión de la ofendida, sus familiares, el novio de su prima y el celador del conjunto donde vivía. 

La credibilidad de la víctima no se dio a partir del desconocimiento de la cantidad y momento exacto de ingerir la droga, fue desde el análisis de su personalidad, valorada además psiquiátricamente, de la seriedad de su relato pero sobre todo por el hecho de que las circunstancias por ella descritas resultaban consistentes, como lo señaló la prueba pericial, con el hallazgo de la sustancia en su organismo.

La Sala Penal decide no casar la sentencia y confirmar así la condena