Sin embargo, se interpone una demanda reconvencional, la cual es fallada a favor del padre por lo que le es retirada la patria potestad y la custodia de sus hijos y se suspende el régimen de convivencia de la mujer con sus hijos hasta que deje de existir peligro para los menores en relación con el actuar de su madre.

El hombre recurre esta sentencia debido a que  la suspensión de la convivencia con la madre será solamente hasta que deje de existir el peligro de convivencia con los menores. La Sala encuentra este agravio como inoperante.

La demandada recurre asimismo la sentencia aduciendo que sin prueba de por medio se suspende la convivencia que “por ley natural toda madre debe tener con sus hijos”, que los peritajes y certificados no son imparciales, que no se valoraron adecuadamente los testimonios de una y otra parte, entre otros. La Sala declara fundados los agravios que aducen que se valoraron certificados médicos como pruebas del maltrato, lo cual es incorrecto y no hace prueba plena sobre golpes o malos tratos de la madre, sino de dolencias de los niños.  Asimismo confirma que el informe del DIF (programa de apoyo a la familia) se basa en el rendido por peritos de la procuraduría y que nunca entrevistaron a los menores.

La Sala estima que el juez natural no debió impedir la convivencia de la madre con sus hijos dado que no hay ningún elemento que pruebe fehacientemente que dicha convivencia causaría un perjuicio a los niños ya que no hay pruebas que demuestren plenamente su maltrato.  Además, explica que la confirmación del juez del convenio de renuncia de patria potestad es contrario a la ley, pues no se trata de un derecho subjetivo renunciable, sino de una función jurídica o potestad que debe ser resuelta por autoridad jurisdiccional.

Además, el juez natural omitió pronunciarse sobre la pérdida de patria potestad tomando como válido el convenio, por lo que procede a analizar este asunto según la presunta violencia ejercida por la madre. De acuerdo con la Sala, las diversas pruebas (públicas, privadas, testimoniales, así como dictámenes y peritajes) presentadas por el padre no crean convicción que lleve a demostrar violencia física o moral hacia los niños por parte de la demandada, ni que la personalidad de la madre sea un peligro para sus hijos. De acuerdo con ello y en atención a los derechos de los niños a no ser separados de sus padres, la Sala determina que no es procedente condenar a la demandada a la pérdida de la patria potestad pues esta es una sanción de carácter excepcional y la intención del legislador no fue simplemente sancionar “por la mera infracción de deberes a cargo de un padre, sino únicamente cuando tal comportamiento trascienda…”

Respecto de la guardia y custodia, la Sala estima igualmente no probado el daño que causa la convivencia con la madre que aduce el demandante, de manera que determina como improcedente la pérdida de éstas sobre uno de los niños, mientras que el demandante conservará, como ya lo venía haciendo, la guardia y custodia del otro hijo de la pareja, pues la demandada tampoco probó que la convivencia con el padre le cause algún daño a la menor y sacarle de su entorno familiar, sí podría causarle algún daño.

Establece un régimen de convivencia para los niños con los padres y absuelve de la pérdida de la patria potestad de ambos hijos a la mujer. Concede la guardia y custodia del niño a la madre y de la niña al padre, tal y como se había venido ejerciendo.&n

Se trata de una familia altamente disfuncional y con una dinámica de violencia moral y física, incluida la sexual. El padre, más de 30 años mayor que la madre, abusa sexualmente, durante años, de tres de sus hijas y es acusado de intentar abusar sexualmente de una cuarta, sin lograrlo. A la hija mayor, “A”, la viola todos los días desde los 9 años de edad, hasta que ésta queda embarazada y tiene una hija, que fallece por descuido. “A” opta por no oponerse a las violaciones rutinarias, pues si lo hace, el padre la golpea. Las otras dos hermanas intentan oponerse, pero son golpeadas con el cinturón y pellizcadas en la cara.

Además, el hombre es acusado de haber golpeado y maltratado a los 7 hijos, así como a la madre de sus hijos; y de impedir a los miembros de la familia sostener relaciones con otras personas, ir a la escuela o salir de la casa.

La madre es acusada de violencia intrafamiliar por haber omitido proteger a sus hijos y haber sido “facilitadora de la conducta antisocial de su pareja”.

En una primera instancia ante el juez segundo penal, el hombre es condenado por violación, violación equiparada en grado de tentativa y violencia familiar. La mujer es condenada por violencia familiar a una pena de 6 meses de prisión.

Ambos recurren la sentencia ante la segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien analiza nuevamente las pruebas testimoniales y los dictámenes psicológicos y ginecológicos de las víctimas y concluye que el padre es responsable del delito de violación y de violencia familiar, no así del ilícito de tentativa de violación equiparada en agravio de la menor de 12 años “G” pues no logra comprobarse su dicho.

A juicio de la Sala, no se acreditan tampoco las agravantes de alevosía y sufrimiento innecesario de la víctima, motivo por el cual modifica el grado de culpabilidad ubicado por el juez en el grado superior a la media, bajándolo a la media. Por tanto, le absuelve del delito de tentativa de violación equiparada y modifica la pena a 41 años y 6 meses de prisión. Le impone además una multa de $24,997 pesos.

Respecto de la condena de la mujer, ésta se confirma y queda en una sentencia a 6 meses de prisión y multa de $247 pesos.

Sin embargo, el Tribunal de alzada considera que el juez de primera instancia no tomó en consideración el interés superior del niño, ni la suplencia de la queja para menores de edad, por lo que con base en el artículo 4to constitucional y la Convención sobre los Derechos de los Niños, condena a ambos padres a la pérdida de los derechos jurídicos de la patria potestad de 6 de los 7 hijos, pues “A” ya es mayor de edad. Por último, se condena a ambos padres a la reparación del daño de manera solidaria y mancomunada consistente en el pago de los tratamientos psicológicos de los 7 hijos, misma que será regulada durante la ejecución de la sentencia. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el acuerdo de elección del Magistrado Presidente, señalando que “…concibieron a la figura de la rotatividad en los cargos públicos como aquella que fortalecía la participación de las personas en un sistema democrático, la cual se actualiza en la especie con el acceso oportuno al cargo de Presidente del Tribunal Electoral por parte de todos los sujetos integrantes del órgano. Por otra parte el artículo 22, párrafo vigésimo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Sonora, establece por una parte que en la integración de los órganos electorales habrá paridad de género y se observará en su conformación el principio de alternancia de género, y por otra, que en la integración del Tribunal, será obligatorio conformarlo por ambos géneros”. 

El inculpado C, durante cerca de 20 años las golpeó, maltrató, prostituyó y violó. Las amenazaba con tener un cargo encubierto en el ejército, además de portar un arma, lo cual les asustaba mucho.

Se inicia la investigación ministerial, se realizan: 1) Examen de integridad física, 2) Informe ginecológico; 3) Examen proctológico; 4) Declaración testimonial de ML (menor hija de la víctima A); donde narra cómo le dijeron que A era su hermana cuando en realidad era su mamá y que de eso se enteró cuando tenía 10 años, pero desde los 5 se dio cuenta de que C  obligaba a A a tener relaciones sexuales, y que la llevaba por el monte y los niños los esperaban horas y su mamá regresaba con los ojos rojos de tanto llorar, y ahora sabe que era porque la estaban prostituyendo y C siempre le pegaba y agredía para que trajera más dinero, pues él no trabajaba.

Se analizan los elementos del tipo penal (Código Penal de Yucatán) para el delito de violación (art. 316); Lenocinio (art. 214) y la responsabilidad de C a partir de las pruebas y testimonios presentados.

La Sala confirma la sentencia de Primera Instancia para el delito de lenocinio, sin embargo,  dicta auto de libertad para el delito de violación argumentando que es elemento necesario la obtención de cópula mediante la violencia, y  para el juzgador ésta no se acreditó pues “no se advierte que el inculpado le haya impuesto la cópula a aquélla mediante el empleo de la fuerza física ni moral, malos tratos, empellones, ataduras, rasgaduras de ropas o desnudamientos, aberturas de piernas o en cualquier otro despliegue idóneo de energía directa y suficientemente aplicada a la víctima para subyugarla o, por lo menos, para inutilizarle su resistencia; así como tampoco se advierte que se valiera del uso de la violencia moral para sostener cópula con la quejosa.”

La resolución se impugnó ante la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien decidió que  “a pesar de la  discrepancia a partir de los dos artículos que establecen diferentes cuotas de género (…) señalados como violados en el escrito inicial de los  las cuotas de participación consisten en un mecanismo que posibilita la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en la representación nacional y en el ejercicio del poder público. En consecuencia, la colisión de normas suscitada entre el artículo 49, fracción III, quinto párrafo, de la Constitución Política de Quintana Roo y el artículo 127, tercer párrafo de la Ley Electoral local, se solventa si se atiende a la norma constitucional”. Además en el caso planteado, considera que “cuando el género de uno o más de los regidores designados por representación proporcional sea contrario al sexo de la minoría de los electos por mayoría relativa, … provocaría que la proporción del género mayoritario aumente y sobrepase, incluso, el límite del sesenta por ciento fijado por la cuota en comento”. En este sentido, se dictó sentencia revocando la decisión del Tribunal Electoral de Quintana Roo, dejando sin efecto el acuerdo del Instituto Electoral del Estado, por lo que el PRI quedó obligado a registrar ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir del momento de la notificación de la sentencia, nuevas planillas de candidaturas a ediles de los referidos ayuntamientos que sustituyan a las revocadas, respetando en la integración de tales planillas. 

El juzgador determina que los medios de convicción “…resultan aptos, eficaces y suficientes para acreditar en el núcleo familiar…en forma reiterada se realizaron actos haciendo uso de la fuerza física y moral con la intención de dañar la integridad física de la pasivo, así como de ocasionar en ella daño psíquico…” por tanto se integra “…por todo acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal o psicológicamente o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar… que tengan parentesco…y que tiene por efecto causar maltrato físico.”

Así mismo determina que la víctima lo es de violencia familiar de tipo psicológico y abuso verbal “para determinar que la víctima del delito padece una afectación psicológica ejercida en su persona por el sujeto activo durante la vida que llevaron en matrimonio- en el año 1984- consistentes en malos tratos, golpes, ofensas y humillaciones, etc.”

La resolución manifiesta que el elemento “reiterado” que requiere el tipo penal se comprueba ya que someter no es solo acto de dominio sino de control y que el inculpado ejercía esta violencia para “resaltar su hombría”. 

Una mujer con un embarazo de entre 10 y 11 semanas sufre un sangrado abundante después de haberse provocado un aborto con pastillas que adquirió en Guadalajara y es trasladada a una clínica donde la policía preventiva da parte al Ministerio Público de que ingresó una mujer con hemorragia vaginal por aborto. Los agentes la detienen en la clínica.

El juzgador toma en consideración diversos medios de prueba, entre ellos la declaración de la pareja de la inculpada, los dictámenes médicos ginecológicos en donde se determina que la inculpada estuvo embarazada y que le fue realizado un legrado por aborto incompleto, así como la inspección ministerial de su recámara, donde se encontraron rastros de sangre.

Se le condena a ocho meses de prisión pues no “logró ocultar su embarazo”, pena que puede conmutar por una multa de 10,000 pesos.

La inculpada es una joven de 24 años sentenciada a una pena privativa de la libertad por el delito de aborto procurado pues se deduce que ingirió dolosamente unas pastillas contra la úlcera que son altamente abortivas, pues éstas fueron encontradas en su recámara.

Para la comprobación del delito, la juez se basa en los testimonios del médico que la atendió y le practicó el legrado después de la expulsión del feto de 19 semanas; de la amiga que la llevó  a la clínica; de los padres de la inculpada; así como de los agentes que realizan la inspección en la vivienda de la  mujer.

La inculpada no declara y en la sentencia no obran constancias de su defensa.

Los agentes del Ministerio Público describen la inspección realizada en la vivienda donde dicen haber encontrado las pastillas, un papel con una prueba positiva de embarazo y un papel de la Cruz Roja a nombre de la inculpada como constancia de haber sido atendida allí, presumiblemente por su embarazo.

El médico que la atendió declara que la inculpada le confesó “tomé citotec para abortar” y sobre esta afirmación se basa el juicio y la condena.

Personal del CIAVI levanta una denuncia en contra del hombre por violación equiparada y atentados al pudor y a la madre por encubrimiento, dado que a pesar de que la hija le contó que su padre abusaba de ella, no le creyó y no hizo nada para evitarlo ni llevó a su hija al médico, ni denunció a su pareja y continuó mandando a sus hijas a dormir con él. Además de que volvió con él a pesar de la violencia física y psicológica que sufría tanto ella como sus hijos.

Además, los hijos de la inculpada relatan a personal del Centro que su padre les grita y golpea a ellos y a su madre, y la hija mayor relata que abusa de ella y su hermana.

Se denuncia a la madre por no haber protegido a sus hijas de los abusos sexuales, así como a todos sus hijos de la violencia física y psicológica que el padre ejercía en contra de ellos. Las denunciantes relatan que los hijos se encontraban desnutridos y descuidados. Las hijas declaran que “cuando su mamá está con su papá, no les da ni de comer y pone a la hija mayor a hacer la limpieza”.

La madre declara no haber tenido conocimiento de los abusos de su pareja y que lo relatado “son exageraciones”. El hombre declara que son las niñas las que se le meten en la cama y lo acarician, y que por esta razón él violó a una de ellas y a la otra la solamente la acarició.

El juez encuentra como responsables a la pareja e impone al hombre una pena de 28 años y 22 días de prisión y una multa de $3,712 pesos por los delitos de violación equiparada y atentados al pudor; y a la mujer una pena de 1 año 2 meses y 15 días de prisión y multa de $49.50 pesos por el delito de encubrimiento.

Se absuelve de la reparación del daño pues “no existe daño material cuantificable”, a pesar de que los dictámenes psicológicos determinan que ambas niñas presentan alteración de su estado emocional.

Un matrimonio con dos hijos se divorcia y desde entonces la madre se dedica a evitar el contacto del padre con éstos, así como a generar el síndrome de alienación parental en los niños para evitar todo contacto con su expareja.

Como resultado de la violencia ejercida por la madre, los niños se muestran en extremo hostiles con su padre, lo golpean, le gritan y le insultan.

Debido a la denuncia del padre y al comportamiento de la madre, los niños son depositados en el DIF (institución dedicada a la protección de la familia) y les es designada una tutora que les represente. De acuerdo con el personal del DIF y de la Procuraduría del Menor, los niños son víctimas de la violencia emocional que ejerce su madre sobre ellos y la hostilidad mostrada hacia su padre es producto de ésta, pues no existen motivos para odiarle. La actitud de cada niño a solas con el padre es menos hostil y cuando hay más personas, obedecen a la manipulación ejercida por la madre, la que, se dice, probablemente esté basada en amenazas.

La mujer justifica el trato de sus hijos para con el padre en la supuesta violencia que éste ejerce en contra de ellos, sin embargo ésta nunca se prueba. Mediante entrevistas con los niños, los peritos determinan que no se logra establecer en que consiste ni precisar dicha violencia.

El juez encuentra a la mujer culpable de violencia familiar, dado que este delito se comete por los parientes que ejerzan cualquier tipo de violencia, sea física o moral, en contra de sus descendientes. Se determina que esta violencia deteriora el sano desarrollo emocional afectivo e intelectual de los niños y la condena a un año de prisión.