En este caso en Consejo de Estado tuvo que determinar si el traslado de una funcionaria sin examinar sus especiales condiciones, puede traer como consecuencia la nulidad del acto.

El Consejo de Estado acoge las pretensiones de la demandante y en consecuencia declara la nulidad del acto de traslado.Su decisión encuentra sustento en que se logró demostrar que la demandante tiene un hogar constituido por su esposo y una hija menor de edad adoptada, los cuales residen en la ciudad de Villavicencio, según se infiere del Acta de Entrega en Adopción, la hija de la accionante contaba con 4 años y 6 meses cuando se expidió la Resolución que ordenaba el traslado. La afectación causada a la niña con la decisión precedente se demostró con dictamen pericial en el que se estableció que los distanciamientos episódicos temporales generarían un proceso de desadaptación emocional en la niña y sus padres. Por tanto el alto tribunal determinó se hace evidente que la separación de la actora de su núcleo familiar, no se debe a una decisión que se desprenda de su voluntad sino que se deriva de un traslado o “ubicación” que vulnera el derecho fundamental al trabajo y desconoce la especial protección constitucional tanto para la niña como para la familia, consagrada en los artículos 42 y 44 de la Constitución. Conforme a lo anotado y por la edad de la niña en el momento de la ocurrencia de los hechos de la demanda, la entidad no tuvo en cuenta específicas circunstancias de orden económico, social y familiar que estaban presentes y que contrastan con el traslado y que se constituyen como limite a la discrecionalidad de la entidad para tomar una decisión de este tipo.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, realiza un estudio del manejo que la Corte Constitucional le ha dado al fuero de maternidad, encontrando que de la línea jurisprudencial se desprende la aplicación de la figura independientemente del vinculo contractual, en virtud de lo cual también aplica a las mujeres gestantes vinculadas a través de contratos de prestación de servicios. La Sección Quinta a pesar de evidenciar este precedente jurisprudencial, debate el argumento decidiendo que el amparo solo se justifica excepcionalmente cuando exista una relación laboral oculta bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios. Se niega el amparó porque las partes coincidieron en haber estado vinculadas por un contrato de prestación de servicios, frente a lo cual no aplica la causal excepcional y además porque la mujer no demostró que la finalización de la relación jurídica tuviera un motivo diferente al vencimiento del contrato ni que su terminación del contrata afectara su mínimo vital.