Las consideraciones de la Sala se centran en la construcción del contexto en el que se dieron los delitos al considerar que es deber de Justicia y Paz como aporte para la verdad construir los contextos de lo ocurrido más allá de cada crimen individualmente cometido.

El contexto se construye a partir de la historia de la violencia en Colombia, de la creación, desarrollo, consolidación y expansión del paramilitarismo en Colombia particularmente su accionar en la zona de Urabá, en la cual el BEC-AU ejercía influencia.

Luego se construye el marco jurídico nacional e internacional de aplicación de los delitos de reclutamiento ilícito de menores y homicidio en persona protegida como delito que afecta el DIH.

En las reparaciones, al tasar el daño moral para la indemnización, la Sala realiza una serie de consideraciones tendientes a evidenciar que el reclutamiento de menores afecta de manera diferenciada a las niñas, las cuales tienen que construir su identidad sexual en un espacio patriarcal y jerarquizado, tal como lo es la estructura armada y el sufrimiento de violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, violencia sexual, matrimonios forzados y  esclavitud sexual.

Se condena al postulado por homicidio en persona protegida, reclutamiento ilícito de menores y secuestro simple agravado en calidad de  autor mediato, al haber sido el comandante del BEC-AU.

La pena se tasa en 645 meses, cambiados por 8 años en virtud de la alternatividad impuesta por la ley de justicia y paz. 

En la aplicación de la ley de justicia y paz se individualiza la pena del comandante del frente “José Pablo Díaz” Edgar Ignacio Fierro Flores alias “Tijeras” y un patrullero de otro de los frentes del Bloque Norte de las AUC.

En los antecedentes fácticos se reconoce que las AUC consolidaron una estructura macrocriminal que atacó deliberadamente a la población civil y la convirtió en víctima de crímenes sexuales y otras graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Los accesos carnales son considerados un crimen de doble connotación (crimen de guerra y de lesa humanidad), implementados y concebidos como mecanismo idóneo para la humillación, sometimiento y dominio de la población civil, al facilitar la expansión y fortalecimiento del grupo ilegal armado. Se condena al hombre por los accesos carnales violentos a título de autor material por la violación de la niña y coautor impropio por la otra. La Sala establece una serie de medidas de reparación para las víctimas de los hechos perpetrados por los tres paramilitares. Entre las de rehabilitación se ordena que las víctimas deben ser examinadas y atendidas por las afectaciones que los hechos causaron, específicamente a las víctimas de violencia sexual de las cuales establece se debe presumir el daño psicológico. Entre las de satisfacción ordena la documentación de los crímenes sexuales. Entre las de garantía de no repetición ordena a la fiscalía para la creación de una política integral de atención a mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, que abarque la atención efectiva de los casos de violencia de género.