E.- Como último vicio de nulidad, el Fiscal expresa una falta de fundamentación para no dar por acreditado el delito de amenazas. Según el recurrente, ello implica que el tribunal admite que las amenazas fueron proferidas con un cuchillo, pero por otro lado no acredita el tipo penal incorporando un nuevo requisito al tipo penal, que sería de cumplir con el mal amenazado, lo referido por el tribunal no implica la aceptación de los hechos fundantes de la acusación de la fiscalía, sino sólo su representación en los términos de una recalificación que en definitiva fue rechazada.

¿El bien jurídico de la tranquilidad personal y normal desarrollo de la vida,  está protegido por el Derecho penal?

El Juzgado de Garantía absuelve al acusado de los cargos que se le imputan, por los siguientes motivos:

El Juez de Familia accede a la medida cautelar solicitada, dando lugar a la entrega inmediata de los niños a su madre, por los siguientes motivos:

A.- Teniendo presente que el cuidado personal de los niños lo tiene la madre, y no afectándola inhabilidad alguna para el ejercicio de dicho cuidado.

B.- Habiéndose verificado en audiencia reservada con los niños y con la asistencia del consejo técnico del Tribunal, que el vínculo materno filial no se ha perdido, si no que por el contrario se mantiene muy fuerte, lo que es muy relevante en la etapa pre-escolar en que se encuentran los niños, ya que determinará las bases para el desarrollo de su autonomía y relaciones interpersonales, por lo que en aplicación de uno de los principios que inspiran el procedimiento de los Tribunales de Familia, este es el interés superior del niño, atendido como qué es lo mejor para el niño, para su bienestar físico y psíquico.

C.- Se complementa lo anterior estableciendo un régimen de relación directa y regular de los niños con su padre.

Acordada con el voto en contra del Ministro Javier Aníbal Moya Cuadra, quien fue de opinión de rechazar el recurso de nulidad atento las siguientes consideraciones:

"a.-Que, en relación a la primera causal, letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, la circunstancia de faltar la determinación de la pureza, al margen de su exigibilidad en el tipo penal del artículo 4º de la ley Nº 20.000, debe entenderse en íntima relación a lo dispuesto en el artículo 43 del igual cuerpo legal en cuanto el protocolo de análisis químico de la sustancia suministrada al Servicio de Salud debe de contener una serie de exigencias, todo lo cual forma parte del tipo.
b.- Que, en igual contexto de infracción de ley, ahora, respecto a los artículos 25 y 4 de la ley Nº 20.000 en relación con los artículos 206 y 130 del Código Procesal Penal, lo concreto resulta ser que existe una unidad diversa de lo fáctico; es decir,dos momentos diferentes que se traducen en que elsegundo –que ocurre con ocasión del ingreso a la casa– requería de una autorización al efecto, que no ocurrió; lo anterior, resulta acorde a lo dispuesto en el artículo 206 del Código Procesal Penal en términos de la debida autorización a lugar cerrado, situación que es aceptada por los propios funcionarios de policía."

Este caso plantea la errónea aplicación del derecho al preferir la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal por sobre el artículo 74 del Código Penal. Se rechaza el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, que condenó a José Luis Sáez Gallardo a la pena única de presidio perpetuo simple, por los siguientes fundamentos:

A.- Que no se observa en las alegaciones expuestas por la recurrente de Nulidad el error de derecho invocado, toda vez que la comparación que debe hacerse entre el artículo 74 del Código Penal y el 351 del Código Procesal Penal resulta totalmente ajena al cálculo de eventuales beneficios como el de la libertad condicional.

B.- Que es menester no confundir lo que son derechos que asisten a los condenados con las meras expectativas, las cuales por su naturaleza, resultan inciertas y ajenas al principio básico de seguridad jurídica; y es por ello que el beneficio consagrado en el DL 321, invocado por la recurrente, no constituye un derecho adquirido susceptible de ser considerado al momento de aplicar la pena como lo han hecho los sentenciadores en el fallo cuya nulidad se demanda.

C.- Que la defensa del condenado, para demostrar el presunto error del fallo, considera la pena mínima para cada delito, lo que en derecho no corresponde, toda vez que el juez puede recorrer con libertad los distintos grados, salvo aplicar el máximo cuando concurra una atenuante, todo lo cual demuestra que no existe en la sentencia recurrida el error de derecho invocado como causal de nulidad del mismo, por lo cual ésta no podrá prosperar.

El problema jurídico en esta sentencia recae en lograr la convicción de los jueces de que la acusada cometió los delitos que se el imputan. Se condena  a MARÍA DEL PILAR PÉREZ LÓPEZ, a la pena de PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO, en su calidad de autora de los delitos de lesiones graves; de parricidio y de homicidio calificado y, a la pena de PRESIDIO PERPETUO, en cuanto autora de los delitos de robo con homicidio consumado en la persona de Diego Schmidt- Hebbel Niehaus y frustrados en las personas de María Belén Molina Pérez, María Aurelia López Castaño, Gloria Pérez López y Agustin Molina Mirabel, su familia.   Fundamentos:

A.-  Es claro que el derecho penal mínimo, condicionado y limitado al máximo, corresponde no solo al máximo de  tutela de las libertades de los ciudadanos respecto del arbitrio punitivo, sino que también a un ideal de  racionalidad y de certeza. Un derecho penal es racional y cierto en la medida en que sus intervenciones son previsibles.

B.- Ha quedado también demostrado, en el parecer mayoritario de estos juzgadores, que la acusada le propuso a Mario Ruz que entrar a robar al inmueble y que matara a los integrantes de su familia que allí residían, que por ello le pagaría la suma de $10.000.000 por cada uno.

Acordado con el voto en contra de la Magistrado Doris Ocampo Méndez, quien ha sido del parecer de absolver a los acusados Ruz Rodríguez y María del Pilar Pérez López del cargo de ser autores de los delitos de homicidio calificado y parricidio y como también de absolver a María del Pilar Pérez López del cargo de robo con homicidio consumado en la persona de Diego Schmidt-Hebbel Niehaus y de frustrado en las personas de María Aurelia López Castaño, Gloria Pérez López, Agustín Molina Mirabel y María Belén Molina Pérez, absolviendo asimismo por este último acápite, el de robo con homicidio frustrado en contra de las referidas personas, a José Mario Ruz Rodríguez. Esto fundamentalmente, por los errores e inconsistencias en la forma de presentar diversas pruebas que no se ajustaría a los que se indica, esto ya que no concuerdan el número de testigos, o de declaraciones por que a juicio de la Magistrado, faltaría a la confiabilidad de las pruebas presentadas, por lo no serían elementos suficientes para condenar a los imputados, y es su opinión absolver de los cargos a Pérez y Ruz.

 Existe ilegalidad en la resolución que le fue notificada y que señalaba su inclusión en la slista de retiros?. La Corte rechaza el recurso de protección interpuesto, por los siguientes motivos:

A.- No contener el recurso petición concreta de ninguna clase que debiera adoptar este tribunal en el marco de la presente acción constitucional, ni en el cuerpo del escrito ni en sus conclusiones, sin perjuicio de lo cual se hará cargo esta Corte de las dos actuaciones impugnadas por esta vía, anteriormente precisadas.
 

B.- Que en cuanto la presente acción se dirige en contra del primer acto de la autoridad recurrida, anteriormente precisado, relacionado con la sanción que en definitiva quedó aplicada a la actora por los sucesos acaecidos en Haití, el recurso aparece planteado de modo extemporáneo.

C.- Que según surge de los anteccedentes de la causa, la actuación que cupo a la antes expresada Junta de Selección de Oficiales aparece adoptada por el órgano competente en el ejercicio de la facultad que la normativa legal le reconoce, por lo cual no reviste carácter de ílegal; y desde otra perspectiva, esta Corte tampoco divisa en ella un proceder caprichoso, contrario a la justicia o discriminatorio; en fin, todo aquello que constituya arbitrariedad.

 La alumna tiene derecho a perpetuar su cultura en el colegio; respetar la cultura nacional, pero a la vez siendo ella también respetada?. Por parte del Ministerio de Educación, se decretó con carácter de urgente una visita de supervisión para: a) Conocer la postura del colegio frente a lo afirmado por el apoderado de Yazmin, el Sr. Husein Al Sabed, en relación con la no renovación de matrícula para el año 2011 ; b) Indagar las posibilidades de llegar a un acuerdo con el colegio, en los términos planteados por el padre, y c) De qué manera el establecimiento educacional acoge la diversidad en sus aulas, en un ámbito de respeto y tolerancia mutua, particularmente en los aspectos espirituales y religiosos de los alumnos, teniendo muy presente lo que señala el Reglamento General de Disciplina, en lo referido al Valor del Respeto.