Articulación Regional Feminista

a.- La autoridad recurrida no es ilegal ni arbitraria porque la contrata de la recurrente contenía la posibilidad de prescindir de sus servicios con antelación al 31 de diciembre de 2010, ya que el artículo 10 de la Ley N° 18.834 implícitamente faculta a la autoridad para ello, por lo que el acto administrativo está motivado conforme a derecho y no se han vulnerado las garantías consagradas constitucionalmente.
b.- Que el régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.
c.- Que además, al haber transcurrido en la actualidad el período por el que fue contratada la recurrente, no resulta factible adoptar la medida de reincorporación cuya era la finalidad de la acción deducida.
Acordada contra el voto del Ministro señor Brito, quien fue de opinión de confirmar la sentencia de que se trata por cuanto en su concepto la resolución que pone término a la contrata de la recurrente aparece desprovista de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando con ello la garantía de la igualdad ante la ley, al ser la actora discriminada arbitrariamente en comparación a otros empleados que desempeñándose en cargos a contrata permanecen en ellos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones que siempre deben expresarse.