En esta sentencia la Cámara Federal de Casación Penal resuelve no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Miriam Villalba contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que deniega su excarcelación, por entender que "no se observa la existencia de cuestión federal o un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado que amerite la intervención de esta Cámara."
La defensa plantea el recurso de casación señalando que el tribunal a quo no acató el criterio sentado en el plenario “Díaz Bessone” y en el informe 2/97 de la Comisión IDH, en cuanto a que “…la seriedad del delito y la severidad de la pena no son la única evaluación que debe realizarse a fin de verificar que el imputado evada el accionar de la justicia; también deben valorarse las condiciones personales del encausado en particular los valores morales demostrados, su ocupación, bienes que posee y vínculos familiares que lo mantendrían en el país”.
Asimismo, criticó la valoración efectuada por el tribunal en punto a la falta de arraigo de VILLALBA, por entender que hacer mención a la ausencia de empleo estable o bienes resulta discriminatorio, no habiéndose demostrado la conexión existente entre la falta de recursos y el riesgo procesal.
Finalmente cabe remarcar lo sostenido por la defensa en cuanto a que el compromiso internacional asumido por la Argentina en cuanto a la represión de la trata de personas no implica que su asistida deba transitar el proceso privada de su libertad.
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