Una mujer denunció a su pareja en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) por las amenazas y las lesiones leves que le propinó, pero pidió expresamente no instar la acción penal. Dado que el delito de amenazas es de acción pública, se inició la investigación correspondiente a ese hecho y el juez de primera instancia dictó el procesamiento del agresor. La defensa planteó que no había prueba suficiente para arribar a esa decisión y solicitó a la Cámara que dicte el sobreseimiento.
Los camaristas entendieron que las amenazas "se habrían vertido, lo fue en medio agresiones mutuas, gritos y reclamos por parte del imputado", razón por la cual debían analizar si R., J. F. tuvo intención de amenazar o "si fue una reacción atribuible al calor del momento".
Los jueces arribaron a la conclusión de que estas circunstancias no podían aclararse sin el testimonio de la víctima, ya que "los hechos descriptos en un contexto único encierran la posible tipicidad de un delito dependiente de instancia privada y otro de acción pública y debe razonablemente asignarse a la conducta de la víctima alguna relevancia al momento de analizar la posibilidad de avanzar, sin su impulso, por este último...para poder así decidir en definitiva sobre la verdadera entidad de los dichos que se tuvieron, de oficio, como amenazantes" y dictaron la falta de mérito al imputado.
