Primera investigación sobre violencia política contra las mujeres en Argentina
ELA presenta una publicación inédita en el país que recoge datos y las experiencias en primera persona de legisladoras con el objetivo de visibilizar este tipo de violencia que no solo impide la plena participación de las mujeres en la política sino también refuerza roles tradicionales de género.

(Buenos Aires, 29 de agosto de 2018) - La violencia contra las mujeres en política constituye un obstáculo que impide su plena participación en puestos de toma de decisión en diferentes espacios y refuerza roles tradicionales de género, socavando la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos. Sin embargo, ha sido un problema poco explorado en Argentina. Con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre este tipo de violencia, un tema incipiente tanto en la agenda local como regional, ELA presenta una publicación, inédita en nuestro país, que recoge datos empíricos que permiten dimensionar el problema y las experiencias en primera persona de mujeres políticas dentro del Poder Legislativo.

La investigación de la que da cuenta Violencia política contra las mujeres en Argentina. Experiencias en primera persona, reúne 45 casos incluyendo legisladoras porteñas y legisladoras nacionales de 11 provincias (Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Misiones) que representan a partidos de todo el arco político. La investigación fue desarrollada entre enero de 2017 y junio de 2018 en el marco de la iniciativa Promoviendo instituciones democráticas y libres de violencia contra las mujeres, que contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PFOSC).

¿Qué es la violencia política? La ley modelo de violencia política de la OEA la define en su artículo 3 como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

Un primer hallazgo se vincula con la extensión del problema. De las legisladoras entrevistadas para la investigación realizada por ELA, el 73% de las afirmó inicialmente haber sufrido violencia política por razones de género, porcentaje que aumentó al 82% luego de preguntarles por acciones concretas. Las respuestas de las entrevistadas permitieron identificar diversos factores que disuaden a las mujeres de participar en política. Principalmente se trata de elementos culturales tales como las responsabilidades familiares (91%); la cultura dominante y la concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89%) y la falta de apoyo por parte de los hombres (76%). En menor medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64%) y el temor por la integridad física (18%).

Así como la Ley 25.485 establece tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, la investigación plantea las características que adopta la violencia contra las mujeres en política en nuestro país “Se pueden identificar distintos tipos de violencia, siendo la psicológica la más frecuente: la mitad de las legisladoras la sufrió alguna vez. Otros tipos bastante frecuentes son la simbólica (28%) y la económica (22%)”, explica Lucìa Martelotte, directora ejecutiva adjunta de ELA, que señala también la importancia de trabajar con las jóvenes porque “en el 38% de los casos las situaciones de violencia política se dieron mientras eran militantes”.

La violencia política puede expresarse de diversas maneras. Así, la investigación revela que el 64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género.

A nivel normativo, Argentina es uno de los 10 países de América Latina donde se han presentado propuestas para reconocer y abordar la violencia política contra las mujeres. Estos proyectos pueden ser clasificados bajo dos modelos regulatorios: uno que propone la creación de una ley específica sobre el acoso y la violencia política (como son los casos de Bolivia, Costa Rica, Honduras y Perú), y otro que postula la incorporación de la violencia política contra las mujeres dentro de marcos normativos más amplios, como las leyes integrales de violencia (Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay), o en códigos civiles, penales, leyes del servicio civil o de los partidos políticos (como es el caso de México, en que los proyectos sobre acoso y violencia política modifican varias leyes).

Sin embargo, en el estudio se enfatiza la necesidad de avanzar hacia abordajes integrales. “Hay otras estrategias que debieran impulsarse para abordar el fenómeno, más allá de las reformas normativas como por ejemplo la realización de campañas de comunicación; la creación de organismos públicos donde efectuar denuncias y recibir asesoramiento; y en particular la generación de espacios para el fortalecimiento de redes de las mujeres en política”, explicó Martelotte.

La publicación se encuentra disponible aquí