#MujeresYTransparencia
Organizaciones feministas presentan investigación sobre instituciones de igualdad, transparencia y políticas de género en América Latina

La investigación resulta relevante en un contexto donde los movimientos fundamentalistas antiderechos están avanzando en la región.
Se evaluó si las políticas públicas, los cambios normativos y las prácticas de las instituciones son congruentes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Las organizaciones que conforman la Articulación Regional Feminista investigaron a las instituciones responsables de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y de llevar adelante las políticas de género, en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México y Perú.

¿Qué acciones ejecutan las instituciones en los distintos países de la región para disminuir la desigualdad de género? ¿A qué retos y oportunidades se enfrentan las mujeres? Los resultados de la investigación se encuentran reflejados en el informe Retos y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en América latina: una mirada a través de la transparencia que se presentará en los distintos países que participaron de la iniciativa entre los meses de marzo y mayo de 2019.

“Es objetivo de esta investigación que la información obtenida sea útil a la sociedad civil, de manera que pueda exigir que las autoridades rindan cuentas y creen políticas públicas que disminuyan la desigualdad entre hombres y mujeres, para que estas acciones no se queden en meras simulaciones”, afirman las organizaciones en el informe.

Las instituciones que fueron evaluadas en el marco de la investigación fueron: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en Argentina; el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en Bolivia; el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile; la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en Colombia; el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en México; y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú.

La información que se presenta en el documento fue recolectada analizando los mecanismos de transparencia de los Estados. Por un lado, se analizó la transparencia activa, es decir, toda aquella información que se encuentra en los documentos públicos de las instituciones y portales oficiales con acceso público. Por otro lado, la información obtenida a través de transparencia pasiva, es decir, a través de solicitudes de acceso a la información y derecho de petición. En los países que se reportan dentro del estudio se encontraron prácticas de transparencia activa muy exitosas, como es el caso de México, Bolivia y Chile.

En relación con las poblaciones destinatarias de las políticas públicas implementadas por los distintos organismos, en Argentina, Colombia y México son exclusivamente las mujeres, mientras que Chile cuenta con objetivos que incluyen también a los varones. Una población más amplia conformada por mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, juventud, personas adultas mayores y personas con discapacidad es alcanzada en Bolivia y Perú, que incluyen también incluye a personas desplazadas, migrantes internos y población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

Una de las preguntas fue sobre los conceptos de género e igualdad que utilizan las instituciones evaluadas. En este sentido, destacan Bolivia -donde la definición de género, en lugar de provenir de marcos internacionales, tiene características específicas del país- y Perú -el único país donde el concepto de igualdad aparece definido de manera explícita-.

Al observar los objetivos y funciones de las instituciones, las organizaciones identificaron que el enfoque de los Estados para aproximarse a la problemática cambia de manera importante en los países de la región, por lo que es posible encontrar instituciones enfocadas específicamente en la erradicación de la violencia, así como algunas cuyo fin principal es la transversalización de la perspectiva de género, entre otras.

Uno de los retos comunes a todos los países se vincula con el presupuesto asignado para el desarrollo de las actividades de las instituciones, ya que falta información accesible y suficientemente desagregada que permita hacer análisis significativos de las cifras destinadas a la igualdad de género.

El documento finaliza con una serie de recomendaciones de las organizaciones feministas, como: “es indispensable dimensionar el legítimo valor y las implicaciones de institucionalizar la perspectiva de género en los países de la región”. Para esto, afirman: “es necesario consolidar instituciones diseñadas con autonomía de gestión, pero que también tengan suficiente impacto para que sus acciones repercutan en todos los órdenes estatales”.