El informe da cuenta de la situación de los derechos humanos y la justicia de género entre 2004 Y 2088 en 6 países de América Latina. Los países estudiados fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

El Informe señala que en el período estudiado fue importante la bonanza económica vivida en casi todos los países y la presencia de democracias formales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en todos los países se encontró que los sistemas políticos han sido incapaces de garantizar la igualdad y autonomía de las mujeres y su acceso a la justicia.

En ámbitos como la familia se encontró que en ésta se siguen multiplicando diversas formas de discriminación y formas de violencia, y perpetuando estereotipos sobre el rol de hombres y mujeres. Una de las noticias más relevantes en este contexto fue la Ley de Matrimonio Civil aprobada en Chile, el derecho al aborto en Colombia y los cuestionamientos en Argentina a las políticas públicas que tienen como objetivo las familias, así como la inclusión del reconocimiento de la familia de diversos tipos en la Constitución de Ecuador.

Respecto a la violencia y acceso a la justicia, el Informe muestra que aunque hay una proliferación de leyes y normas, no hay legislaciones nacionales integrales sobre violencia contra las mujeres. Sobre el tema se resalta el caso colombiano, al ser aprobada en el 2008 una ley integral para prevenir y sancionar formas de violencia y discriminación contra las mujeres, que aún no ha entrado en vigencia debido a la objeción del Estado.

Los casos de violencia sexual presentan características comunes a todos los países de la región estudiados: las mujeres no se reconocen como víctimas directas de la violencia. Esto porque sienten que recaen sobre ellas la vergüenza, la culpa y el estigma social. En los casos en los cuales la violencia sexual ha ocurrido en medio de la represión o el conflicto, las mujeres son juzgadas por las sociedades como responsables del delito. Asimismo, la violencia sexual adoptó diferentes formas como desnudez forzada, embarazos y abortos forzados. Por otra parte, hay un subregistro de los casos, obstáculos para acceder a la justicia y se considera el delito como uno de menor gravedad. Se encontró que los principales responsables de la violencia sexual son los agentes estatales. En Perú, por ejemplo, el 83 por ciento de los agresores fueron miembros de las Fuerzas Armadas.

En lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, el Informe señala que aunque en la región hubo un alto crecimiento económico este no representó una mayor actividad económica femenina, así como tampoco una mejora en sus condiciones de vida. No promovió la integración de las mujeres al mercado laboral ni estimulo su participación económica.

Hay una concentración de mujeres en segmentos de empleo que tienen menores beneficios y derechos que el resto de los trabajadores/as y que las excluye de sistemas de seguridad social. La diferencia de salarios y la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres muestran una brecha a favor de los hombres, sin importar los años de estudio, siendo mayores las diferencias presentadas entre las mujeres y los hombres con 13 años de estudios y más.

Sobre la participación política de las mujeres se destaca su aumento en la última década aunque sus intereses no se ven representados en escenarios de poder, ni se ha alcanzado la paridad en el poder ejecutivo y judicial y en ocupar altas jerarquías en proporciones significativas. Se presentan limitaciones de las leyes de cuotas y se ve como falta inclusión de las mujeres en los partidos políticos y los regímenes electorales restringen las posibilidades de representación y participación.