En sus fundamentos el magistrado Gabriel Vitale remite a lo expuesto por la la Asociación Civil Pensamiento Penal en su Amicus Curiae: "el niño/a previo a la CDN es considerado un incapaz que, como tal, es un objeto de protección o de tutela, sin voz y sujeto a la disposición -altamente discrecional- de los jueces... (su) vulnerabilidad, no obstante, no configura un elemento de sujeción del niño/a a las decisiones de los adultos. Sino, por el contrario, una mayor protección a sus reales necesidades. Esto, en la práctica, implica una mayor responsabilidad del Estado en el goce efectivo de los derechos y/o garantías del niño y un plus de protección respecto a la que se otorgaría a un adulto en las mismas condiciones..." 

Asimismo recuerda lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño así como también el artículo 27, inc.C) de la ley 26.061 en cuanto dispone "que el niño sea "asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya." En consonancia con lo establecido en el decreto reglamentario 415/2006: "…El derecho a la asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar…" (art. 27 del Decreto reglamentario 415/2006).