Asimismo, señalan que "entiendo que para resolver debe tenerse en cuenta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en Belém Do Pará, Brasil (ratificada por nuestro país) como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pues no puede soslayarse que las internas trasladas de una provincia a la otra resultaron ser todas mujeres condenadas por tráfico de estupefacientes, lo que permite advertir que el traslado cuestionado provoca consecuencias -por cuestiones de género- sobre sus derechos a mantener y consolidar sus lazos familiares, nada menos que con sus hijos menores de edad, pudiendo vulnerarse así, además, la Convención sobre los Derechos del Niño."

"A mi juicio no es posible concebir el derecho penal moderno sin contemplar los estándares convencionales y, en esa dirección, debe ponerse de resalto que, no sólo las internas accionantes han visto vulnerados sus derechos a mantener sus vínculos afectivo-familiares, sino también sus hijos, que a raíz del traslado ordenado respecto de sus madres, ha sido obstaculizado el ejercicio de su derecho a desarrollar un vínculo con sus progenitoras mediante el régimen de visitas."