En esta sentencia el juez Roberto Gallardo resuelve declarar la inconstitucionalidad del veto realizado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, sobre la ley que regula el accionar de el sistema de salud en casos de aborto no punible en sintonía con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, declara la inconstitucionalidad del Protocolo 1252/12 del Ministerio de Salud por incurrir en un exceso reglamentario. De este modo, a través de una sentencia se deja sin lugar una medida tomada por el Poder Ejecutivo y ordena que se promulge la ley que había sido vetada y que sea publicada en el Boletín Oficial. 

Esta demanda había sido interpuesta en un primer momento contra el GCBA con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 17 del Anexo I de la Resolución 1251/2012 del Ministerio de Salud de la CABA, por la cual se aprobó el procedimiento para la atención profesional de prácticas de aborto no punibles contempladas en el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal. Luego, una vez que se aprobó la ley de la legislatura porteña, a través de la cual se instituyó un protocolo de actuación para los casos de aborto no punible en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el objeto de la demanda fue ampliado y se pidió, también, la impugnación del decreto 504/2012 mediante el cual el Jefe de Gobierno de la CABA vetó en su totalidad la ley 4318.

El juez motiva su decisión en que los fundamentos dados en el decreto a través del cual se veta la citada ley no cumplen con el requisito de razonabilidad que les es exigido. Y que el medio utilizado para rechazar la ley es “manifiestamente irracional”.