La Cámara hace una interesante crítica hacia  fiscales, jueces y defensores por haber revictimizado tanto a la niña de 15 años contra la cual se cometieron los abusos sexuales, como contra la madre de la niña. Esto último se vio reflejado en la opinión del a quo al llamarla "mala madre" y atribuirle parte de la responsabilidad por le hecho de haber vuelto a convivir con el abusador luego de denunciarlo, cuando ella misma también había sido explotada sexualmente. 

La Cámara sostiene que "el tribunal negó la violencia sufrida por R.A.G. [madre de la niña] de parte de su pareja, con el fin de co-culpabilizar a la madre de S.R.D.G. por los abusos sexuales sufridos. Esto solamente es explicable a partir de la consideración de la violencia conyugal como un problema privado entre dos adultos en el que el estado no debe intervenir, mientras que, si aquella trasciende a los niños o niñas, resulta inaceptable, delictiva y es culpa de la madre, en conjunto con el agresor. 

"En ese orden, cabe concluir que resulta reprochable que los jueces y el fiscal trasladen parte de la responsabilidad por los hechos sufridos por S.R.D.G. a su madre, quien evidentemente no contaba con las herramientas suficientes para autoprotegerse de la violencia de su concubino y, por tanto, tampoco tenía la capacidad de preservar a sus hijas de aquella misma situación extrema de violencia, que se manifestó -entre muchos otros hechos- en los reiterados abusos sexuales a S.R.D.G.."

"Asimismo, se advierte que en el presente caso el estado tuvo al menos una oportunidad previa de intervenir en aquella familia, pero se omitió toda medida de protección, a tal punto que el agresor permaneció en el hogar, mientras que la mujer y las niñas no tenían donde resguardarse."

Finalmente, dispone comunicar la presente decisión al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Procuradora General de la Nación y a la Defensora General de la Nación, para que, si así lo estiman correspondiente, promuevan el ajuste de la conducta de los y las funcionarias al cumplimiento de las obligaciones internacionales del estado argentino relativas a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y la necesaria abstención del estado de ejercer o consentir hechos de violencia institucional contra las mujeres, en el marco del correcto ejercicio de las fundamentales funciones que deben cumplirse en el proceso penal.