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Dos niñas de 11 y 12 años eran obligadas por su padre, Víctor Walterio Cencha, a concurrir a los domicilios de Alfredo Juan Sanchez, Héctor Agustín Velázquez, Antonio Cataldo y sometidas a reiterados abusos sexuales tanto por vía vaginal, anal y oral, con el fin de saldar sus deudas.
En esta sentencia el juzgado en lo penal número 5 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, resuelve absolver a todos los imputados del delito de corrupción de menores y condenarlos por abuso sexual.
En la sentencia el juez Gustavo Salvador resuelve absolver por el delito de corrupción de menores, aduciendo que "[no se] describieron en forma precisa, clara y concreta cuáles eran los actos que por sus características particulares de prematura, perversa o excesiva, estaban imbuidos de un contenido corruptor que permitiera adjudicarles a los encartados responsabilidad por un delito distinto del abuso sexual con acceso carnal que ya se les enrostrara." De modo tal que absuelve a todos los imputados de esa acusación y se enfoca en la de abuso sexual.
Asimismo, sostiene que "si bien no se me escapa que fueron varias las conductas de abuso sexual (tanto con acceso carnal como gravemente ultrajante) cometidas en perjuicio de las menores, (...) la ausencia de una prueba concreta sobre la cantidad de hechos de abuso me lleva a considerarlas como un solo hecho en perjuicio de cada una de las víctimas."
La comprensión total del delito es desglosada en diferentes actos individuales de abusos sexuales que le restan magnitud al hecho en sí. Esto lleva a que el padre de las niñas finalmente sea considerado como partícipe necesario del delito de abuso sexual, en concurso real con el delito de lesiones leves.
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