Una mujer desplazada solicita un subsidio de vivienda el cual es negado puesto que su esposo es titular de un inmueble en el lugar de donde fueron desplazaron. La mujer advierte que no pueden retornar a tal propiedad por cuanto las condiciones de seguridad no son adecuadas.
En esta sentencia se plantea el caso en el que se encuentran muchas mujeres desplazadas que al querer acceder a los servicios que debe proveer el gobierno para el acceso a una vivienda digna, encuentran obstáculos administrativos que restringen el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
La Corte decide tutelar los derechos a la vivienda digna, mínimo vital y debido proceso y en consecuencia ordena a la directora de la entidad accionada gestionar un informe de seguridad sobre el retorno al lugar de donde fue desplazada la mujer y su familia y luego de ello con base en el resultado del estudio de seguridad si resulta procedente, deberá calificar nuevamente la postulación de la solicitante para el subsidio de vivienda en la modalidad de reubicación. Si resulta que la mujer tiene derecho al subsidio de vivienda se deberá hacer efectivo el pago de este.
Argumenta que para que la manifestación voluntaria de retorno sea válida es necesario que sea libre e informada. Por ello el estado tiene la obligación de entregar una información completa y exacta sobre las condiciones de seguridad y orden público del lugar de reasentamiento lo cual la entidad accionada no realizó. Indica que cuando esta le niega el subsidio de vivienda, a la vez está cerrando la posibilidad de que la accionante pueda reconstruir su proyecto vital y, por el contrario, su negativa apunta a orientar el retorno de la accionante a la localidad de la cual fue expulsada, sin que se tenga una idea precisa sobre la verdaderas condiciones de seguridad y posibilidades socioeconómicas de la zona, por ello considera inminente proteger los derechos de la mujer y de su núcleo familiar.
Análisis
Esta sentencia se encuentra dentro de una linea jurisprudencial importante, donde los derechos fundamentales de la población desplazada se protegen de manera prevalente. Así se encuentra como a traves de estos pronunciamientos las obligaciones impuestas a las autoridades respecto al tratamiento de esta población deben estar permeadas de un contenido mas amplio que implique la proteccion de los derechos fundamentales de estas personas.
