En este fallo la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal decide revocar la sentencia dictada en 2010 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en la cual se había declarado la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley de Profilaxis (N° 12.331)por medio de la cual se penaliza a quienes tengan, regenteen o administren un prostíbulo. Para ello, evocaron antecedentes legislativos e históricos, según los cuales en el contexto histórico de la década del -30 el legislador "se veía a sí mismo como técnico y motor de la lucha contra las enfermedades venéreas que entonces se presentaban como un problema sanitario a nivel mundial- y por tanto -[a]nte ese escenario, el legislador vernáculo se autorizó a desplazar la determinación del nexo razonable entre la conducta y el daño que aquella causaba, en pos del interés superior identificado en la salubridad pública." En este sentido, los camaristas entendieron que la explotación de la prostitución, por sí misma, no lesiona la salud de las trabajadoras sexuales ni de sus clientes.
Por el contrario, Casación, al revocar esta sentencia, sostiene que las declaraciones de inconstitucionalidad no prosperan en abstracto, y la declaración de inconstitucionalidad de la Cámara fue realizada de manera universal, "así como si fuera un cuasi acto legislativo derogatorio de la ley y, por tanto, excedió a nuestro juicio las facultades que al respecto tienen los tribunales de justicia para declarar la invalidez constitucional de una norma, de conformidad con la doctrina antes reseñada."
En el caso en cuestión, se trataba de una personas que regularmente comercializaba estupefacientes a través de mujeres, algunas de ellas menores de edad, cuando las enviaba a departamentos para explotarlas sexualmente.
Fallo destacado
