En esta sentencia el Juzgado Federal de Primera Instancia resuelve hacer lugar al habeas corpus colectivo interpuesto por una interna del complejo penitenciario Nº IV de Ezeiza, a fin de garantizar que los procedimientos de requisa personal cumplan con lo establecido en el Boletín Público Normativo Nro. 460.

En sus fundamentos se afirma que "Las mujeres privada de libertad son un grupo vulnerable, con necesidades y tratamientos específicos según las Reglas de Bangkok; sumado a ello que estas prácticas son aplicadas con mayor frecuencia sobre ellas que respecto de los varones detenidos." Citando a la CIDH sostienen que las requisas vaginales practicadas por personal policial y no personal de salud y como una medida de primera y no de último recurso, constituye violencia contra la mujer. 

Asimismo, exhorta al Servicio penitenciario Federal a que implemente mayores medios tecnológicos para cumplir con la reguilación vigente; convocar a una mesa de diálogo a los intervinientes y a todos los actores que  trabajen la temática carcelaria. SIn embargo, no hace lugar a la inconstitucionalidad de la Guía de Procedimientos de la Función Requisa del año 1991.