Una mujer de 71 años de edad, interpone acción de tutela contra el Ministerio de la Protección Social, por la negación de la pensión de sobrevivientes a la que tenía derecho como consecuencia de la muerte de su compañero permanente con el que convivió durante 50 años y de cuya unión nacieron 9 hijos. Se analiza si con la negación de la pensión se están vulnerando los derechos de la mujer, ya que el Ministerio argumenta que a causa de un embargo de alimentos, se puede inferir que la pareja no convivía junta, pues estas prestaciones se dan cuando se abandona el hogar o cesa la vida en común.
La Corte decidió en este caso conceder el amparo a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital, teniendo en cuenta que puede suceder que aún manteniendo la vida en común, uno de los compañeros permanentes usualmente la mujer, tenga que acudir a la jurisdicción respectiva para que el otro cumpla con sus obligaciones familiares.
Adicionalmente, la Corte resalta la situación de la mujer de debilidad manifiesta, al ser una persona de tercera edad, analfabeta y en extrema pobreza, por lo que la demora en los procedimientos ordinarios previstos para el caso concreto haría ineficaz el amparo. Se ordena dejar sin efecto la resolución que negó el reconocimiento y pago de la pensión y expedir la resolución definitiva de su reconocimiento y pago.
Análisis
En sede de tutela, la Corte establece que una demanda de alimentos no permite inferir que la pareja no convivia junta, pues dar lugar a este argumento sería discriminatorio y no tendría en cuenta que muchas mujeres aún en convivencia se ven obligadas a exigir legalmente el cumplimiento de los deberes de los hombres.
