Sentencia T 078/10. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
Temas
Violencia Contra las Mujeres
Descriptores
abuso sexual, niñas/niños.
Derechos CEDAW
a una vida libre de violencia
Sumario
La fiscalía declara la preclusión de la investigación adelantada por el delito de actos sexuales abusivos contra menor de 14 años, teniendo como víctima a la menor de 3 años de edad -en el momento de los hechos-, y como acusado al padre de la menor. El argumento de la preclusión, es que en la práctica de las pruebas no se cumplían con las ritualidades propias de un dictamen pericial, o con unas técnicas de entrevista específicas que permitieran llegar a las conclusiones a las que arribó el perito.
Por lo anterior la madre en representación de su hija, interpone acción de tutela en contra de las fiscalías que conocieron del caso, para que se tutelen los derechos al debido proceso, acceso a la justicia, igualdad e interés superior del menor.
La Corte decidió tutelar los derechos invocados y en consecuencia ordenó dejar sin efecto las resoluciones de preclusión, así como proferir una nueva resolución en la que se haga una valoración probatoria acorde con los argumentos expuestos en el fallo y con los estándares constitucionales exigibles de imparcialidad, racionalidad y sana crítica que den fe del delito alegado.
La anterior decisión se adoptó teniendo en cuenta que con las decisiones atacadas, la fiscalía desconoció el precedente constitucional según el cual el testimonio del menor abusado debe ser debidamente ponderado. Reitero la Sala que la actividad valorativa de la prueba, no puede ser arbitraria y supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No es acertado imponer una tarifa probatoria que margine de toda credibilidad el testimonio de los menores, pues es posible concluir que el dicho del menor, por la naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria, adquiere gran credibilidad cuando es la víctima de abusos sexuales.
Análisis
Se refuerza desde la sede constitucional el especial tratamiento de los menores de edad víctimas de delitos sexuales.
