Un ciudadano solicita la declaratoria de inexequibilidad, entre otros, del artículo 129 del código de infancia y adolescencia, el cual señala que, a falta de prueba sobre la solvencia económica del alimentante, se presumirá que se devenga al menos el salario mínimo legal, para establecer la cuota provisional de alimentos.
Argumenta el demandante que se vulnera la constitución pues no puede hablarse de un orden social justo en la medida en que el Estado no le asegura al ciudadano un ingreso mensual pero si lo responsable por alimentos al presumir que devenga el salario mínimo, a su vez aduce que se le hace responsable de cumplir con lo imposible y señala que no deben desconocerse los derechos fundamentales de quien está obligado a pagar alimentos.
En este caso la Corte tuvo que decidir si es ajustada a la Constitución, la presunción contenida en la ley que establece que el salario mínimo legal, a falta de otros elementos de juicio, es parámetro para fijar la cuota provisional de alimentos.
La Corte decidió declarar la exequibilidad de la norma, debido a que la presunción aludida protege a la parte más débil de la relación procesal, y al ser legal, en todo caso, admite prueba en contrario. Adicionalmente señala que prevalece el principio universal del interés superior de los niños y las niñas el cual posee una caracterización jurídica especifica que le impone obligaciones de protegerlos y protegerlas de manera especial, resultando concordante con otras disposiciones constitucionales y legales -que establecen la responsabilidad de los padres respecto de los hijos, el deber de solidaridad familiar, y los derechos fundamentales de los menores.
