Sentencia T-172/11 M.P: Jorge Iván Palacio 
OSJFallo: 1692
  Corte Constitucional 14/03/2011
 
  Tema: Trabajo Productivo y Reproductivo
  Descriptores: Adopción, licencia por maternidad
  Una mujer interpone acción de tutela contra la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliada, porque tal entidad ante la solicitud de reconocimiento de licencia de maternidad como madre adoptante, se negó a otorgarle tal prestación por considerar que esta solo se hace extensiva a la madre adoptante de menor de siete años, según el artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo. La tutela es negada en primera instancia por considerar que la menor superaba el límite de edad exigido por la ley para acceder al beneficio prestacionales. Dicha decisión es confirmada en segunda instancia, no obstante su fundamento radica en que la accionante no había adquirido la calidad de madre adoptante de la menor, por sentencia debidamente ejecutoriada por un Juez de Familia, dentro del proceso de adopción

En este caso se analiza el alcance de la licencia de maternidad de las madres adoptantes y los beneficios prestacionales con los que deben contar. La Corte Constitucional decide tutelar los derechos a la igualdad, dignidad, protección  especial a la maternidad y la niñez de la mujer y su hija y en consecuencia ordena a la entidad accionada reconocer y pagar la licencia de maternidad a la mujer. A juicio de la Corte, las garantías de las madres gestantes se deben extender a las personas adoptantes, del artículo 236 del CST, no obstante, respecto de los niños entregados en adopción se establecía un criterio de limitación del reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, según el cual se permitía siempre y cuando el menor adoptado fuere menor de 7 años. Requisito que fue declarado inconstitucional en la Sentencia C-543/10, en donde se equiparó a los dos grupos de personas adoptantes, iguales derechos y obligaciones y, por ende, el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Frente al condicionamiento que realiza el juez de segunda instancia, según el cual la solicitud de la licencia de maternidad sólo es procedente a partir del momento en el que la sentencia judicial que decrete la adopción sea inscrita en el registro civil y reemplace el acta de nacimiento de origen, señaló que tal interpretación  no se encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo. Pues la norma señala expresamente que la fecha del parto se asimila a la de la entrega oficial del menor que se adopta, no a la de la inscripción de la sentencia judicial que decrete el nacimiento del vínculo filial y el respectivo cambio del registro civil.

 



    
 
Se reconocen los derechos.
  Sentencia de Tutela. Sala de Casación Civil. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Ref.: 50001-22-14-000-2010-00255-01 
OSJFallo: 1536
  Corte Suprema de Justicia 09/03/2011
 
  Tema: Violencia Contra las Mujeres
  Descriptores: acceso a la justicia
  Una mujer indígena de 65 años cabeza de familia, puso en conocimiento del Gobierno Municipal de La Uribe (Meta), que en febrero de 2008, había sido víctima de actos delictivos por parte de miembros del Ejército Nacional. Alega por vía de tutela la vulneración de su derecho al debido proceso, debido a que su queja no ha sido atendida. La Corte analiza la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, relacionado con los principios de publicidad y celeridad de las actuaciones ante las autoridades públicas. Frente a la investigación penal, la Corte establece como de los hechos se evidencia que a pesar de que la mujer interpuso la queja 3 días después de los hechos, no obtuvo respuesta hasta después de 2 años cuando fue remitida por las autoridades locales a la Fiscalía. En cuanto a la investigación disciplinaria, se destaca que la mujer interpuso derecho ante el Ministerio de Defensa, el cual le informó que la investigación respectiva estaba en curso. Debido a que el derecho al debido proceso ha de tener como principios rectores de la actuación administrativa, entre otros, los de eficacia, economía, celeridad y publicidad, en el caso se establece que la autoridad administrativa local vulnero en su conjunto el derecho fundamental al debido proceso. Sin embargo como ya los procesos disciplinario y penal están en curso, la mujer los conoce, y es esté el escenario en el que puede solicitar la respectiva indemnización, la Corte no considera necesario impartir una orden constitucional concreta respecto de lo solicitado en la demanda de tutela, por lo que se denega no sin hacer el llamado de atención respectivo a las autoridades del Municipio de La Uribe, para que respondan e informen con eficiencia y celeridad los asuntos que los ciudadanos pongan en su conocimiento.



    
 
Se reconocen los derechos.
  Sentencia T-134/11 MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
OSJFallo: 1591
  Corte Constitucional 03/03/2011
 
  Tema: Salud
  Descriptores: Salud, Seguridad social
  Una mujer interpone acción de tutela en contra de la entidad de medicina prepagada a la que se encuentra afiliada por considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna al negarse a realizar el procedimiento de mamoplastia de reducción ordenado por su médico tratante como tratamiento para la hipertrofia mamaria, dorsalgia y quistes de mama bilaterales que le fueron diagnosticados. La entidad aduce que tal cirugía se encuentra excluida del plan de medicina prepagada.
La corte constitucional tuvo que determinar si una entidad de medicina prepagada vulnera los derechos de una mujer a la salud y a la vida digna al negarle la realización del procedimiento quirúrgico “mamoplastia de reducción”, alegando que este se encuentra excluido del contrato de prestación de servicios de salud.
La corte decide tutelar los derechos invocados y en consecuencia ordena a la entidad que programa y practique a la mujer la cirugía solicitada, en los términos ordenados por el médico tratante adscrito a la entidad.
Señala que La salud ha sido definida como un derecho fundamental que consiste en la posibilidad de alcanzar el nivel más alto de bienestar físico, mental y social dentro de lo posible para una persona, La prestación de los servicios tendientes a satisfacer esta garantía constitucional debe responder a las características de calidad, eficacia y oportunidad. Adicionalmente, las entidades prestadoras del servicio no pueden desconocer el principio de integralidad, conforme al cual no es posible fraccionar los tratamientos cuando ello implica un obstáculo insalvable para la atención de la patología del paciente. ni el principio de continuidad, de acuerdo con el cual el servicio de salud no puede ser interrumpido injustificadamente antes de la recuperación o estabilización del paciente, enfatizando en que, en tanto en el contrato de adhesión de los planes de medicina prepagada la parte débil es el usuario de los servicios de salud, las dudas en la interpretación de las cláusulas del contrato que impliquen un posible vulneración del derecho a la salud, deben resolverse a favor del afiliado, sin perjuicio de que en situaciones concretas pueda demostrarse su mala fe


    
 
Se reconocen los derechos.
  Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - subsección -B-. Exp. N° 1997-05218 01. C.P.: Danilo Rojas Betancourth.  
OSJFallo: 1765
  Consejo de Estado 28/02/2011
 
  Tema: Salud Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
  Descriptores: Esterilización, maternidad, indemnización.
  Una mujer acude de urgencias al Hospital San Pedro Claver donde le diagnostican aborto espontaneo por lo que le practican un legrado para extraer el feto. Días después vuelve a acudir al hospital en donde se ve sometida a una cirugía en la que se practicó la ligadura de la única trompa de Falopio que conservaba. Con lo anterior la mujer de forma definitiva pierde la capacidad de procrear. La mujer demanda al Instituto de Seguros Sociales por falla en el servicio, la petición es rechazada en primera instancia.

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