En este caso la Corte tuvo que decidir si la empresa vulneró los derechos alegados por la mujer al negarse al retirar las imágenes solicitadas, cuando la autorización se realizó para fines publicitarios no específicos y quien aparece en ellas nunca consintió expresamente en que fueran divulgadas en un contexto en el cual aparece proyectada en un rol que puede ser asociado a la prestación de servicios sexuales; y  esto ha tenido efectos negativos en su vida familiar y social. La Corte decide, revocar la sentencia de segunda instancia y en su lugar conceder la tutela de los derechos fundamentales invocados, ordenar a la demandada retirar, de cualquier medio publicitario las imágenes de la actora, dentro de los 3 días siguientes a la decisión y prevenir a la demandada de abstenerse en el futuro de realizar autorizaciones que no especifiquen la finalidad de la autorización para el uso de la propia imagen. Los principales argumentos de la decisión se centran en que el derecho a la propia imagen es una garantía de esta, como expresión de la individualidad e identidad de las personas, tiene  rango constitucional y es un derecho autónomo que comprende la necesidad de consentimiento para su utilización; esta autorización comprende el consentimiento informado no solo acerca del uso de la propia imagen sino sobre las finalidades de éste, no puede constituir un límite absoluto al carácter necesariamente dinámico de la autodeterminación de las personas o a su libre desarrollo de la personalidad y encuentra un límite constitucional en el respeto a los derechos fundamentales; por lo que en el marco de una relación contractual, resulta desproporcionado imponer a la persona, cuyas imágenes están siendo usadas, la imposibilidad absoluta de recobrarlas por el solo hecho de que existe una autorización indeterminada de uso. Por otro lado, frente a las decisiones de primera y segunda instancia, es enfática en señalar que el Estado ha adquirido obligaciones internacionales en pro de combatir la violencia y los estereotipos de género que afecten a las mujeres, por lo cual estos no pueden emplearse en un proceso, por los o las funcionarias que deciden en este, pues las instancias judiciales no pueden convertirse en escenarios de normalización o difusión de estereotipos de género.

Casación postula la "inconveniencia del pretendido retorno a que los niños vivan en ese sitio" como un motivo válido para denegar la prisión domiciliaria. Así como también la gravedad del delito (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización). 

En junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre la Ley 24660, y en el dictamen de la Procuración General de la Nación, se sostuvo: "Para el tribunal, únicamente la acreditación de circunstancias excepcionales en las que se compruebe una "situación de desamparo" o de "inseguridad material o moral" habilitarían el arresto domiciliario. No obstante, a los fines de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, el criterio de interpretación debió ser el inverso. El tribunal debía merituar que la concesión del arresto domiciliario es la solución que mejor protege los derechos de B.F.A y solo si acreditaba que existían circunstancias excepcionales que demostraban que su interés superior quedaba mejor tutelado si pennanece en prisión con su madre, o separándolo de ella, rechazar esta modalidad de cumplimiento de la pena."

En efecto, la jueza sostiene "Que la Convención sobre los Derechos del niño dice en su artículo 12 que los niños deben ser escuchados . Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires  que es fundamental que el juez al enfrentarse con estos conflictos de violencia familiar recabe la opinión de los niños a través de una formulación amplia e inespecífica contando en todos los casos con el auxilio de peritos terapeutas familiares.  (SCBA 5102 2006/ 09/20 O.,N.L.)"

"La Sra.Asesora de menores manifiesta su propia ideología  colocando el rol de  padre  sobre  por sobre la esencia de lo constituye un “padre”.- Ni la biología, ni la costumbre, ni los papeles hacen un padre .- Ser papa se define , se construye en el diario vivir con el amor ; y el amor es respeto, es cuidado, es delicadeza de trato, es ternura, es desvelo... eso es ser un papa para un niño. Los conceptos vertidos por la Sra.Asesora de Menores evidencian una clara ideología patriarcal que coloca al “padre” por sobre el niño más allá de todo y todos  . Contraria la Sra.Asesora de Menores el “leit motiv” de su función en este proceso afectando en su mirada  pro páter  la dignidad humana y la comprensión del sufrimiento de una niña que con sus palabra a las psicólogas y sus gestos ha expresado su angustia frente a un padre violento y que espera de los adultos ( su madre, la suscripta y la Sra.Asesora de Menores ) protección contra “ese” padre ."

Con respecto a la expresión realizada por la Asesora de Menores al decidir volver a realizarle una pericia a la niña, donde dijo "lo que abunda no daña", la jueza afirma que por el contrario sí la daña , porque significa que no se ha respetado su palabra, que no se le ha creído  y que no se la va a proteger de su padre agresor. 

En ningún momento la sentencia hace mención a la violencia de género, ni a la normativa naciona o internacional, o a jurisprudencia afin a la materia.

Frente a esto el juzgado hace lugar a la impugnación por entender que la lista presentada no se ajusta a la normativa, y por tanto, deberá ubicarse a una mujer en cuarto lugar. 

Por su parte la jueza Alicia Ruiz, analiza el argumento de la defensa, a través del cual se niega que los hechos se hayan desarrollado en un contexto de violencia de género porque a su entender “desde la óptica del sentido común, no resulta rebuscado darse cuenta que las frases imputadas a mi asistido obedecen a una discusión respecto a los intereses de dos personas que en el pasado fueron pareja, sumándole a ello, un dato para nada menor, como es la vida en común que representa un hijo”. Contra esto la magistrada argumenta que"Ese planteo evoca la falsa dicotomía entre la esfera pública y laesfera privada según la cual, a la justicia penal no le corresponderíainmiscuirse en los “asuntos de pareja”. 

"La Defensa en lugar de explicar en términos constitucionales el agravio planteado, insiste en la utilización de estereotipos —“mujer mentirosa” y la ya referida falsa dicotomía entre los espacios públicos y privados—. Al respecto cabe destacar que en el informe citado supra, [“Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”] la Comisión Interamericana señaló que no sólo debe prestarse atención al testimonio de la víctima sino que las investigaciones deben estar orientadas a la investigación del contexto. 

"A su vez, la Corte Interamericana en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú estableció el valor probatorio fundamental del testimonio de las víctimas, en aquellas situaciones que por su modalidad carecen de testigos u otras pruebas. Sostuvo que: “a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (conf. párr. 100 y 89 respectivamente). Por lo tanto el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puedan ser corroborados por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante contraria a los parámetros internacionales en la materia."

La Cámara resuelve hacer lugar al reclamo por entender que: "en casos como el presente, el art.92 bis de la LCT colisiona con los arts.177 y 178, que tienen por objeto evitar la discriminación de la trabajadora con motivo de su estado de gestación, y también con las normas internacionales (vgr., el art.11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) que prohíben el despido de la mujer durante el embarazo."

Asimismo, hace lugar al reclamo por daño moral en virtud de lo normado por los arts.1071, 1072 y 1078 del Código Civil y 35 de la Ley 26485.

La Cámara hace una interesante crítica hacia  fiscales, jueces y defensores por haber revictimizado tanto a la niña de 15 años contra la cual se cometieron los abusos sexuales, como contra la madre de la niña. Esto último se vio reflejado en la opinión del a quo al llamarla "mala madre" y atribuirle parte de la responsabilidad por le hecho de haber vuelto a convivir con el abusador luego de denunciarlo, cuando ella misma también había sido explotada sexualmente. 

La Cámara sostiene que "el tribunal negó la violencia sufrida por R.A.G. [madre de la niña] de parte de su pareja, con el fin de co-culpabilizar a la madre de S.R.D.G. por los abusos sexuales sufridos. Esto solamente es explicable a partir de la consideración de la violencia conyugal como un problema privado entre dos adultos en el que el estado no debe intervenir, mientras que, si aquella trasciende a los niños o niñas, resulta inaceptable, delictiva y es culpa de la madre, en conjunto con el agresor. 

"En ese orden, cabe concluir que resulta reprochable que los jueces y el fiscal trasladen parte de la responsabilidad por los hechos sufridos por S.R.D.G. a su madre, quien evidentemente no contaba con las herramientas suficientes para autoprotegerse de la violencia de su concubino y, por tanto, tampoco tenía la capacidad de preservar a sus hijas de aquella misma situación extrema de violencia, que se manifestó -entre muchos otros hechos- en los reiterados abusos sexuales a S.R.D.G.."

"Asimismo, se advierte que en el presente caso el estado tuvo al menos una oportunidad previa de intervenir en aquella familia, pero se omitió toda medida de protección, a tal punto que el agresor permaneció en el hogar, mientras que la mujer y las niñas no tenían donde resguardarse."

Finalmente, dispone comunicar la presente decisión al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Procuradora General de la Nación y a la Defensora General de la Nación, para que, si así lo estiman correspondiente, promuevan el ajuste de la conducta de los y las funcionarias al cumplimiento de las obligaciones internacionales del estado argentino relativas a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y la necesaria abstención del estado de ejercer o consentir hechos de violencia institucional contra las mujeres, en el marco del correcto ejercicio de las fundamentales funciones que deben cumplirse en el proceso penal.

"Debo recordar al respecto que el Estado ha de responder en forma directa por los hechos ilícitos cometidos por los miembros de sus fuerzas de seguridad en ejercicio o en ocasión de sus funciones (MOSSET ITURRASPE, J. “Responsabilidad por daños”, t. X, “Responsabilidad del Estado”, Ed. Rubinzal Culzoni, 2004, p.231). Y si bien en el caso “sub examine” el agente fallecido J. se encontraba franco de servicio y no tenía la obligación de portar el arma reglamentaria, conforme lo dispone actualmente la normativa vigente en la materia (Disposición en la Ordena del Día Pública N° 115 del 16/6/1999), ello no impide que el derecho público extraiga de dicho premisa el fundamento de la responsabilidad del Estado y determine que se trata de una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de la falta de servicio, aún cuando se considere la falla personal del agente público."

A lo largo de la sentencia se refieren al homicidio cometido por el miembro de las fuerzas de seguridad como "crimen pasional" y como "tragedia pasional" y al agresor como "un joven emocionalmente desequilibrado". No se hace mención en ningún momento a la violencia de género ni a la noción de femicidio. 

El Tribunal Superior ante este reclamo, analiza la normativa vigente, en especial la Ley N° 26743, junto a sus fundamentos, así como también los principios jurídicos internacionales sobre la aplicación de la legislación internacional de los Derechos Humanos a las violaciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género, conocidos como Principios de Yogyakarta. Cabe destacar el principio número 9 relacionado al derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente. 

En efecto, sostiene que "resulta necesario que el Juez encargado de controlar la ejecución de la pena, garantice a la persona que se encuentra privada de su libertad, el pleno ejercicio del derecho a un trato digno (art. 12 Ley 26.743) que incluye sin lugar a dudas, el respeto y la tutela a la identidad personal conforme a la vivencia interna de cada individuo lo que exige su alojamiento en un establecimiento penitenciario de mujeres." Asimismo, ordena que se recaratule el legajo y difure solamente el normbre que surge de su documento nacional de identidad.

"La cuestión en el caso no es opinable, lo resuelto por el a quo no sólo no se ajusta a los principios y normas que emanan de la ley 26.743, sino a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga al Estado Argentino en sus arts. 1 y 2 a garantizar lo no discriminación por razones de sexo." Y aclara, a renglóseguido que: "El concepto de “sexo” no se refiere ya a una identidad biológica sino que debe interpretarse en el sentido amplio de identidad autopercibida (Principios de Yogyakarta ONU 2007). De allí resulta la responsabilidad del Estado Argentino por violación de estos principios."